Inquietante usurpación

IZQUIERDA UNIDA es la última formación política de la que cualquiera podría pensar que entrega datos de sus afiliados a una empresa privada. Y no sólo por los riesgos de comercialización de las listas: la memoria de la clandestinidad del PCE y las dificultades de todo tipo que han sufrido los militantes de izquierda parecerían suficientes razones para descartar que pudiera cometer tal atropello con sus afiliados. Pero en el caso de esta IU no hay que dar nada por sentado, y resulta que la secretaría de organización ha aprobado la entrega de la lista de sus militantes -sin su autorización explícita- a una empresa a la que, según explicación propia, habría encargado la actualización de los ficheros. Se da la circunstancia de que las listas incluyen a los militantes de Nueva Izquierda, expulsados de la coalición. López Garrido ha enviado una carta de protesta a la Agencia de Protección de Datos, solicitando su intervención, y algunas denuncias individuales se han presentado ya ante la propia agencia para defender la intimidad política.Es posible que la dirección de IU haya cometido un acto ilegal al entregar esos datos sin el consentimiento de los interesados. Así lo establece la ley. Será finalmente la Agencia de Protección de Datos, si media denuncia, quien decida sobre los aspectos legales del caso. Pero es sobre todo un acto irresponsable y negligente, que no hay que dramatizar pero tampoco tomar a broma. No forma parte de las funciones de los partidos facilitar a las empresas -sean públicas o privadas- información sobre sus militantes o afiliados, y ningún pretexto, ni siquiera el muy práctico de "modernizar los archivos", justifica tan inquietante innovación, equivalente a que la coalición usurpe el derecho a administrar la privacídad de sus cotizantes.

La cesión de los ficheros resulta más inexplicable si se atiende al rechazo de la sociedad española hacia la comercialización de este tipo de datos y las intensas polémicas desatadas recientemente en el caso de la venta de las listas de abonados de Telefónica, a la que, para mayor perplejidad, IU se opuso con tenacidad. O IU no se entera de los rasgos sensibles de la sociedad española que como formación política aspira a mejorar con su gestión, o bien considera que tales condiciones no le son de aplicación. En ambos casos, el error equivale a ignorar la realidad. Pero a esto ya nos tiene acostumbrados una coalición de partidos que suele preferir la depuración permanente al ejercicio del pluralismo interno.