El futuro profesor universitario

La discusión sobre la reforma del título V de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) ha venido apremiada por la situación angustiosa y anómala de muchos docentes e investigadores, formados con becas a cargo del erario público, que no tienen un lugar bien definido en la organización universitaria. Bajo diversas formas, han sido contratados de una manera temporal o becados para su formación en España y en el extranjero, y se encuentran abocados a dejar la universidad donde están cumpliendo, por lo menos muchos de ellos, tareas docentes de una manera satisfactoria, o a echar a perder largos y costosos años de formación investigadora al no tener ninguna expectativa de estabilidad laboral. La legislación que de algún modo ha propiciado la existencia de esta bolsa de contratados, quizá deba ser sustituida por otra en la que esta situación no vuelva a producirse. Finalmente, si queremos abordar la Universidad del futuro, es necesario preguntarse cómo debe ser el profesorado y cómo debe acceder a la Universidad.Es evidente que hay que separar el problema de los profesores universitarios contratados y de los investigadores, y el de la reforma del título V de la LRU referente al profesorado. Cualquier mezcla de ambos temas dará lugar a un parche que no resolverá la cuestión de fondo. Querer resolver el problema acuciante, pero transitorio, de la situación de miles de profesores e investigadores a través de una ley no parece lo más adecuado. Lo normal sería proponer una disposición transitoria.

En el tema del acceso del profesorado quizá valdría la pena tomarse en serio la tan cacareada autonomía de las universidades. Resulta obvio y absolutamente indispensable que los candidatos deban ser valorados por algún tribunal o comisión de expertos, sea cual fuere la fórmula. No obstante, la última decisión debería recaer en los órganos adecuados creados por cada universidad al respecto. Cada universidad conoce mejor que nadie sus necesidades y debe responsabilizarse de la calidad científica y docente de su profesorado, con la garantía, evidentemente, de su idoneidad, demostrada ante una comisión ad hoc.

En otro aspecto, la existencia de plantillas rígidas del profesorado ordinario, titular y catedrático, crea graves problemas de competitividad absurda entre los titulares de un mismo departamento. Muchos de ellos saben que no podrán acceder nunca a la situación de catedráticos si no logran aprovechar la feliz coyuntura que hace que un catedrático desaparezca por jubilación u óbito, o, en algún caso excepcional, por una cátedra de nueva creación. Sería más justo y más sencillo que cualquier titular pudiera acceder a la categoría superior de catedrático por méritos propios, sin que deba guardarse la actual relación estricta entre el número de catedráticos y titulares: un catedrático por cada tres titulares. Por otra parte, no parece ninguna buena solución la creación de categorías de profesorado inferiores a la de titular, so pena de degradar el estatus.

Otro tema importante, nunca planteado en la Universidad de nuestro país, al revés de lo que sucede en otros países de Europa, es el de fijar legalmente los porcentajes propios, de cada persona y para cada curso, de dedicación a la investigación y a la docencia. Se valora más la investigación que la docencia, por un lado, y, por otro, se establecen las plantillas solamente en función de la docencia. Creemos que ya ha llegado la hora de que estas contradicciones desaparezcan y no se aumente la esquizofrenia y voluntarismo en que se mueve el trabajo diario de los profesores.