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Cardenal amenaza con expedientar, a los fiscales si vuelven a criticarle a él o al Gobierno

Miguel Colmenero, portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), y Carlos Castresana, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), han sido amenazados por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, con expedientes por falta muy grave si vuelven a criticar al Gobierno, a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, o al propio fiscal general, según un comunicado conjunto de ambas asociaciones. Anoche, cuando toda la izquierda parlamentaria se había apresurado a pedir el "cese fulminante" de Cardenal, éste reaccionaba que hubiese amezanado con tales expedientes. Según su versión, se limitó a comentar con el fiscal inspector su preocupación por las declaraciones contra el Gobierno.

El apercibimiento de Cardenal a los portavoces de las dos asociaciones profesionales provocó un nuevo episodio de estupor e indignación en la carrera fiscal, al que siguió un amplio movimiento de solidaridad con los represaliados. A media tarde, ambos colectivos de fiscales hicieron público un comunicado conjunto para precisar que sus respectivas directivas hacían suyas, "en su integridad, las manifestaciones de sus portavoces".El pasado viernes, a raíz de la anulación, por la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, de sendas sanciones de 50.000 que pesaban sobre los fiscales Eduardo Fungairiño y María Dolores Márquez de Prado, el portavoz de la AF, Miguel Colmenero, aseguró que el levantamiento de las sanciones encajaba "en la línea seguida hasta ahora por el Gobierno, de pretender dirigir al ministerio fiscal, desautorizándole cuando le interesa". Castresana, de la UPF, en alusión a un informe previo del fiscal Cardenal sobre dichas sanciones, manifestó que el fiscal del Estado "no pertenece a la carrera, sino al Gobierno, y no es el máximo representante del Ministerio Fiscal frente al Gobierno, sino el mínimo representante del Gobierno frente al Ministerio Fiscal".

Según el comunicado conjunto difundido ayer, los respectivos portavoces reflejaron la opinión de las asociaciones y, según creemos, también la de la inmensa mayoría de la carrera fiscal y la de la sociedad", y las realizaron "en cumplimiento del mandato representativo recibido de sus asociados, y no a título personal".

"No aceptamos, ni aceptaremos", prosigue el comunicado, "censuras, reprimendas ni amenazas, inaceptables en una sociedad democrática". "Seguiremos defendiendo el ministerio fiscal desde nuestras respectivas opiniones libremente manifestadas". El comunicado de los fiscales añade que seguirán defendiendo la libertad de expresión do y "seguiremos haciendo uso con absoluta libertad de ese valor irrenunciable".

Según fuentes de las dos asociaciones fiscales, Cardenal trató de expedientar a los portavoces por sus manifestaciones de rechazo a la anulación de las sanciones de Fungairiño y Márquez de Prado, amparándose en una norma que rige para la generalidad de los jueces y fiscales y que establece que éstos no pueden censurar a los poderes públicos.

Cardenal, según dichas fuentes, llegó a encargar al fiscal jefe de la Inspección, Juan José Martínez Zato, la apertura de los expedientes, pero éste le disuadió tras advertirle sobre las repercusiones que tendría una medida represiva de tal calibre y sus consecuencias de orden político, nada más haberse librado por media docena de votos de una comparecencia parlamentaria reclamada por PSOE, IU y Grupo Mixto para que explicase su respaldo a Eduardo Fungairiño en los casos de los desaparecidos en Argentina y Chile.

Cardenal propuso entonces que la Inspección abriese diligencias informativas "de oficio", pero el fiscal inspector repuso que, de abrirse dichas diligencias, tendrían que ser ordenadas por el fiscal del Estado. El fiscal general encargó entonces a Zato que llamase por teléfono a los dos portavoces y les "pusiese firmes". El fiscal jefe inspector tuvo que transmitir a los portavoces los términos de la reprimenda del fiscal del Estado.

Esta versión fue matizada anoche por una nota de Jesús Cardenal en la que éste se escuda en que él personalmente no había "hablado" ni "dirigido ningún escrito" a los dos portavoces en el que "se condicionase de cualquier forma su libertad de expresión". Cardenal reconoce "haber participado al fiscal inspector su preocupación con algunas de las manifestaciones de los portavoces de las asociaciones, pero añade la nota, "en ningún caso se ha amenazado, coaccionado o condicioando la libertad de expresión".

La nota de Cardenal agrega que él no transmitió "ninguna orden de que se fuesen a abrir diligencias informativas o expedientes disciplinarios a los portavoces por las manifestaciones realizadas".

Sin embargo, Miguel Colmenero, portavoz de la Asociación de Fiscales, manifestó a este periódico que había interpretado la llamada a capítulo como "una amenaza" de Cardenal. "Llevo 21 años en la carrera, he estado en San Sebastián y en otras fiscalías y nunca había recibido una orden ni una amenaza de nadie". Colmenero añadió que, tras la difusión del comunicado conjunto, Cardenal le llamó para tratar de "quitar hierro" y decirle que no pretendía amenazar.

El fiscal inspector, Juan José Martínez Zato, declinó anoche comentar los términos de su conversación con Cardenal "por respeto" a su posición institucional, pero se mostró partidario de que los portavoces no tengan cortapisas en su libertad de expresión. Portavoces de las dos asociaciones de fiscales han convocado para hoy una rueda de prensa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de enero de 1998

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