Prescrito el supuesto delito de torturas cometido por uno de los procesados de los GAL

El policía Julio Hierro, ex jefe de la Brigada de Información de Bilbao y procesado en el caso Marey (secuestrado en 1983, por error, en la primera acción reivindicada por los GAL), no será juzgado por su supuesta participación en las presuntas torturas a dos miembros del grupo terrorista Iraultza. La Audiencia de Bilbao argumentó que el delito estaría prescrito al haber transcurrido más de cinco años desde los hechos hasta la primera diligencia de reconocimiento de Hierro, en marzo de 1989. También se sobreseyó por la misma causa la acusación contra el agente Fernando Pol. La acusación particular, dirigida por Jone Goiricelaia y Kepa Landa, abogados de HB, anunció su intención de presentar un recurso de casación. El juicio prosiguió para cuatro policías más, uno de ellos en rebeldía, que negaron las torturas.

José Ramón Quintana y José Pedro Otero, miembros de Iraultza, un comando terrorista relacionado con el Movimiento Comunista de Euskadi (EMK), fueron detenidos el 2 de febrero de 1984 tras perpetrar un atentado contra la sede bilbaína del BNP. Garmendia denunció al día siguiente malos tratos y amenazas. Según el fiscal, les aplicaron electrodos, les obligaron a realizar ejercicios físicos hasta el agotamiento y simularon con ellos un intento de castración. Siempre según la fiscalía, Hierro estuvo presente en estos interrogatorios y golpeó personalmente a los detenidos. Posteriormente, Otero fue conducido a Burgos y, de regreso hacia Bilbao, le obligaron a descender del coche en Briviesca, donde le interrogaron a base de patadas respecto al paradero de otro de sus compañeros.

Uno de los agentes que custodiaba a Otero, Pedro Laiz, aseguró ayer que éste le pidió salir del coche para orinar y que entonces intentó fugarse. Según su relato, su compañero Carlos Elías, que ya no pertenece al cuerpo, y Otero cayeron por un terraplén, lo que les causó heridas leves. Los peritos ratificaron ayer la levedad de las lesiones de Otero, pero no pudieron precisar su origen.

Además de Laiz y Elías, están procesados Paulino Navarro y Jesús Esteban. El Ministerio Público pide para ambos -instructor y secretario de las diligencias policiales- un mes y un día de arresto mayor y dos años de suspensión por impedir que funcionarios a su cargo cometieran torturas. Para Laiz solicitó ocho meses de arresto mayor, seis años y un día de inhabilitación especial, dos años de suspensión y 150.000 pesetas de multa por amenazas graves que se consideran torturas. Pidió también una indemnización de dos millones para Otero.