Ante la desnacionalización del Ejército

Uno de los tópicos que la culturita de izquierdas en España maneja con más desparpajo es el que afirma que son los militares, y sólo los militares, quienes fomentan el militarismo. La acción extrema del militarismo, el golpe de Estado, sería así producto de la libre voluntad de uniformados a los que una vigilancia adecuada negaría la posibilidad real de comisión de ese crimen de lesa patria.Por contra, hay que reseñar una constante histórica: las acciones golpistas siempre necesitan de un impulso civil previo a su mera planificación, Así, los dineros los librarán navieros del contrabando o banqueros de la rapiña; los argumentos políticos, periodistas de doble moral o catedráticos doctrinarlos; las justificaciones bajo forma jurídica, fiscales de las audiencias o registradores de la propiedad.

Ni siquiera esa acumulación de actores implica inevitablemente la hegemonía de actitudes militaristas: es preciso contar antes con una sociedad pretoriana. Como ha recordado recientemente William Genieys, en su magnífico estudio sobre las realidades de poder en España Les élites espagnoles face á l'État. Changements de régimes politiques et dynamiques centrepériferies (1997), la categoría de "sociedad pretoriana" establecida por Huntington no se refiere "a la los sistemas políticos dominados por los militares, sino mas bien a un tipo de sociedad. en el que el deseo de poder por el Ejército constituye un riesgo potencial". Ese riesgo sólo se toma cuando falta una "institucionalización" efectiva capaz de regular la siempre necesaria afloración de contrapoderes cívicos y políticos que eviten que parte de las élites civiles de poder vean en "la práctica del golpe de Estado militar un medio de expresión legítima".

En la España de 1997 ese riesgo está muy lejano. Sin embargo, definido por Lleixá hace muchos años para el régimen de la Restauración, el fenómeno del "militarismo inducido" se está reproduciendo de una forma más compleja que entonces en esta llamada "segunda transición". Habría que analizar quiénes necesitan de la "desnacionalización del Ejército" -esto es, de la supresión del sistema militar ciudadano- para alcanzar sus últimos objetivos políticos, sociales y económicos.

Al contrario que Manuel Alcaraz Ramos en su Militarismo, educación y propaganda (EL PAÍS, 12 de diciembre de 1997), desde la izquierda racional y rigurosa no se puede calificar de "genéricamente positivo" el intento de creación del Ejército Profesional Permanente (EPP) pactado entre los partidos más representativos de las derechas españolas. Alcaraz se permite desconocer un hecho demostrado este año por Víctor Sampedro en Movimientos sociales: debates sin mordaza. Desobediencia civil y servicio militar (1970-1996): las movilizaciones de objetores de conciencia y de insumisos fueron instrumentalizadas política y mediáticarnente por los intereses que representan, desde el centro y la periferia, los partidos que sostienen al actual Gobierno.

A la izquierda que busque ser alternativa de Gobierno le sobra toda mala amalgama de conceptos extraídos del catecismo marxista de Marta Harnecker y de las sofiamas pacifistas de Petra Kelly. Hay que reconocer que el EPP es un caballo de Troya que agravará en España la crisis del Estado de bienestar. El EPP, tal como se está configurando, no servirá. siquiera como dinamizador del desarrollo económico y tecnológico de las empresas privadas en España, tal como sirvió la creación del EPP en Estados Unidos tras la guerra de Vietnam. El EPP, en el mejor de los supuestos posibles, proporcionará fuerza militar complementaria al grueso del poder bélico acumulado en la OTAN., En el peor supuesto, el EPP será visto como una especie de somatén altamente tecnificado de fácil deslegitimación política desde los llamados nacionalismos periféricos. Los ideólogos del PP versados en asuntos militares -como Bardají, Cosidó y Oehling- tendrán que ir pensando en cómo rebatir las propuestas al respecto que Miró i Ardévol -desde el entorno áulico de Jordi Pujol- anticipa ensu Més enllá de l'autonomia. Uncatalanisme per al segle XXI (1997).

No es mala la idea de educar y propagar la necesidad de la defensa nacional entre la población española. Los términos que públicamente emplea el ministro Serra al respecto son asumibles por la izquierda democrática. Los Gobiernos socialistas no debieron haber descuidado tanto esa obligación de Estado durante sus mandatos en tanto terminaban de sujetar a la institución militar bajo el poder civil democrático. Lo malo será, como intuye Alcalá, el sesgo que termine por tener la iniciativa de ser puesta en manos de los corifeos del Gobierno. Parte de los males que anuncia Alcaraz en su artículo -y otros más, de los que parece no tener ni idea- los ha permitido una izquierda magmática y hoy cada vez más perpleja que ignoró la advertencia de Rafael Sánchez Ferlosio en Campo de Marte 1. El ejército nacional (1986): "... un pacifista y un antimilitarista realmente consciente de las cosas ( ... ) diría ( ... ): '¿Exención del servicio de las armas a la ciudadanía y entrega de los fusiles a particulares tomados a contrata por la institución militar? ¡No, gracias!".

Ahora toca pagar el precio de la destrucción conceptual del Ejército hecha en abril de 1996 y limitar los daños políticos, sociales y económicos que ocasione la construcción del EPP.