Tailandia y Malaisia anuncian la próxima expulsión de millones de inmigrantes

La crisis económica del sureste asiático empieza a tener graves consecuencias sociales en la región. En las últimas horas, dos países han anunciado la expulsión de los inmigrantes ante la caída del crecimiento económico. Tailandia anunció ayer que tomará medidas para reducir la cifra de inmigrantes ilegales debido a la pérdida de unos 1,7 millones de empleos. Esta decisión sigue al anuncio efectuado el sábado por Malaisia, que se dispone a deshacerse de un millón de trabajadores extranjeros debido al veloz crecimiento del desempleo. Algunos organismos han alertado sobre el peligro de estas medidas, que pueden originar graves problemas sociales y de seguridad ciudadana.

La crisis económica y financiera del sureste asiático, que comenzó el pasado 2 de julio con la devaluación del bath tailandés, y que se contagió a otras economías de la región en los meses siguientes, se tradujo en la devalución generalizada de las monedas de las pujantes economías de los tigres, hasta ese momento paradigma para muchos de un modelo de desarrollo a imitar. Pero bastó un amago especulativo para hundir ese castillo de naipes, basado en las exportaciones, gracias a una mano de obra barata, y sustentada en un sistema financiero deficiente, cuando no corrupto.Como penúltimo episodio de la crisis, ayer el Gobierno tailandés anunció que se encargará de seleccionar las medidas para repatriar a aquellos inmigrantes que no tengan legalizada su situación. "Estamos buscando la forma legal de repatriarlos, aunque sabemos que no resultará fácil", señaló el ministro de Trabajo, Trairong Suwannakihiri.

Las autoridades de inmigración estiman que sólo 300.000 inmigrantes, del más del millón que trabajan en Tailandia, disponen de permiso de trabajo. El grueso de los inmigrantes procede de los países vecinos, como Camboya y Birmania, así como de China e India. La población activa es unos 33 millones de personas, de los 60 millones de población del país.

Los expertos estiman que antes de mediados de 1998 más de 1,7 millones de tailandeses habrán perdido su empleo. Según datos oficiales, la inversión ha caído un 19% durante los primeros 11 meses de 1997, el número de bancarrotas en ese mismo período superó las 3.000, y los tribunales recibieron unas 280.000 denuncias por impago de préstamos.

Esta decisión de Tailandia sigue al anuncio efectuado el sábado por Malaisia, que advirtió que se dispone a deshacerse de alrededor de un millón de trabajadores extranjeros debido al veloz crecimiento del desempleo.

Este proyecto del Gobierno de Malaisia puede originar importantes problemas sociales y de seguridad, según afirmó ayer la Fundación para la Prevención de la Criminalidad. "Poner en el paro a numerosos trabajadores extranjeros amenaza la seguridad de la población", estimó el presidente de la fundación, Lee Lam Thye, quien subrayó que el 80% de los 700.000 trabajadores de la construcción empleados en Malaisia son extranjeros.

El Gobierno de Kuala Lumpur había anunciado el pasado viernes que se dispone a expulsar a los inmigrantes y que un millón de personas corrían el riesgo de ser despedidas. La caída del crecimiento económico de Malaisia 11 significa que los trabajadores extranjeros deben dejar sus empleos a los malaisios", declaró el viceministro del Interior, Mohd Tajol Rosli Ghazali.

Dos millones de extranjeros

De momento, el Ministerio malaisio del Interior ha paralizado las demandas de nuevos permisos de trabajo para los extranjeros así como las peticiones de renovación en algunos sectores productivos, con la excepción de los empleados domésticos, y proyecta redistribuir la mano de obra en las plantaciones y en los sectores vinculados a la actividad exportadora.Tajol Rosli indicó que la mano de obra extranjera, que evaluó en dos millones de personas, no cesa de aumentar. Y justificó esta tendencia por el hecho de que los empleados buscan mano de obra barata. La mayor parte de los trabajadores extranjeros, que representan el 10% de la mano de obra en Malaisia, proceden de Indonesia, de Bangladesh y de Filipinas.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Robert Rubin, se mostró ayer partidario de la intervención de Washington en la crisis económica y monetaria del sureste asiático con el fin de proteger los intereses económicos norteamericanos en esta región.