Telefónica se enfrenta en 1998 a la pérdida del monopolio en telefonía fija después de 74 años
"El año 1998 será el de la libertad en las telecomunicaciones" afirma Pedro de Torres, presidente de Retevisión. Su empresa es la punta de lanza en la quiebra del monopolio de la telefonía fija que Telefónica ha mantenido durante 74 años. Se trata, no obstante, de una libertad vigilada. El Gobierno, que abandonó el capital de Telefónica en 1997, mantiene un 30% en su más directo competidor, Retevisión, y ha conseguido que España disponga de 11 meses más que el resto de los países centrales de la UE para ordenar el sector antes de abrirlo plenamente a la competencia.
Retevisión empezará a dar servicio de telefonía fija "después de Reyes", según sus directivos. Y anuncia que los efectos de la apertura del mercado se notarán desde el primer día. No cobrará por el alta a sus servicios ni cuota de abono mensual y facturará por segundos; es decir, según la duración real de las llamadas, y no por pasos como ha venido haciendo Telefónica.Juan Villalonga, presidente del operador dominante, ha reaccionado ya a la inminente puesta en marcha de la competencia anunciando que está dispuesto a retrasar las subidas en las llamadas locales y la cuota de abono que tiene autorizadas por el Gobierno para 1998.
A cambio, Telefónica reclama que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el órgano independiente encargado de velar por la igualdad de oportunidades en el sector, desbloquee varios paquetes de servicios y descuentos para empresas que tiene en estudio desde hace meses.
El tiempo es uno de los grandes activos de Retevisión. La compañía está a punto de lanzar sus servicios en un tiempo récord: sólo cinco meses después de la privatización parcial (70%) de la sociedad y la entrada de un grupo de inversores privados encabezados por Endesa y Telecom Italia.
El calendario es tan apretado y los deseos regulatorios del Gobierno son tan palpables que el mismo día en que Retevisión anunciaba su identidad corporativa y una primera gama de servicios el Ministerio de Fomento difundía las condiciones para acceder a una tercera licencia de telefonía fija.
Fomento espera que el concurso para su adjudicación se resuelva en el primer trimestre de 1998. Significa que si el ganador cumpliera los mismos plazos que Retevisión, los consumidores podrían llegar a elegir entre tres compañías telefónicas distintas antes de que termine el año. Después, a partir del 1 de diciembre de 1998, el mercado español tendrá que abrirse plenamente a la competencia y cualquier compañía podrá solicitar una autorización para dar servicio. Eso sí, el Gobierno se reserva la potestad de adjudicación.
Con 12 meses de antelación, desde ayer mismo, las compañías de telecomunicaciones por cable están autorizadas a dar también servicios de telefonía fija en las demarcaciones en las que han obtenido licencia para operar. Las alianzas serán una constante. Los operadores nacionales querrán tener acceso rápido al abonado y para ello nada mejor que llevarse bien con los operadores de cable que ya tienen tendidos algunos kilómetros. También querrán estar presentes en la telefonía móvil. De hecho, los accionistas de Retevisión persiguen desde hace meses una alianza con Airtel.
Sin embargo, para que ésta cuaje tienen que enmendarse algunas situaciones que distorsionan, a juicio de la propia CMT, la competencia en el sector. La situación más demencial se crea con la presencia de British Telecom (BT), aliada internacional de Telefónica, en el capital de Airtel (16%). Su participación en la operadora de móviles imposibilita cualquier acuerdo Retevisión-Airtel, pero los británicos han dicho que no se irán hasta que no resuelvan el futuro de sus acuerdos con Telefónica.
No obstante, Retevisión podrá presentarse al concurso para la adjudicación de una tercera licencia de telefonía móvil GSM en la frecuencia DCS-1800 y competir con Airtel y Telefónica Móviles. Ambas tienen ya adjudicadas sendas licencias para ampliar sus servicios GSM con esta frecuencia. Fomento se las concedió para cerrar el conflicto que España tenía con la Comisión. Europea a causa de los 85.000 millones de pesetas que había exigido a Airtel por la licencia para dar servicio en el año 1995.
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