Una comisión del Parlamento mexicano advierte que la situación actual en Chiapas es explosiva
El enrarecido clima político y social en Chiapas podría dar lugar a nuevas matanzas. Así lo ha advertido la comisión legislativa que media entre el Gobierno mexicano y el Ejército Zapatista, después de visitar el municipio de Chenalhó, donde 45 personas fueron asesinadas hace una semana por un grupo armado vinculado al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante el recorrido, los legisladores escucharon las acusaciones que se lanzan entre partidarios y adversarios de la guerrilla, y palparon ese miedo que ha impulsado a miles de personas a dejar sus poblados.
"El revanchismo puede provocar otras muertes similares a las que acaban de suceder. La gente ha muerto por estas pasiones, por estos terribles desencuentros. Ya no es un problema de indígenas contra el Ejército. Ahora son indígenas contra indigenas". Carlos Payán, senador del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidente de la comisión pluripartidista, mostró todo su pesimismo después de visitar, el domingo, esta región sobrecalentada de Los Altos de Chiapas.Un día antes del recorrido, el senador había dicho que la "parte más negra del conflicto" eran "los grupos paramilitares o los grupos armados militarmente". "No sé si con ellos habrá que dialogar o con sus jefes, o con los que sean los actores del conflicto. Eso no lo sabemos, porque apenas estamos empezando la investigación".
Tras concluir la visita, el diagnóstico fue que en Chiapas "hay una guerra sorda en todas las regiones. Hay mucha impunidad y en muchas partes no hay control".
A lo largo del recorrido los quince legisladores constataron las tensiones que oprimen la zona. En la comunidad de Polhó, donde las bases zapatistas establecieron en abril un Consejo Municipal Autónomo, los vecinos han instalado retenes en las carreteras, registran los vehículos y practican detenciones de sospechosos. Así ocurrió en las mismas barbas de los diputados y senadores. Cuatro personas, entre ellas un pastor protestante del poblado de Pechiquil, fueron aprehendidos por los prozapatistas, que los acusaron de pertenecer al bando enemigo. Los legisladores intentaron mediar por los detenidos, que fueron golpeados e introducidos en un aula de la escuela. "Ustedes no se metan. Ustedes están en México, preocúpense de sus problemas, nosotros debemos ver aquí lo de nosotros", les espetó Domingo López Paciencia, jefe del Consejo Autónomo. Finalmente el pastor presbiteriano fue liberado. Los responsables del poblado se comprometieron a entregar más tarde a los otros tres.
Previamente la comisión visitó la comunidad de Pechiquil, donde casi todas las casas tienen pintadas del PRI. Allí los vecinos les pidieron que intervengan ante las autoridades para localizar y detener a los asesinos de trece priístas emboscados en los últimos meses. Presentaron a las viudas. Mostraron fotos de los cadáveres. "Los mataron los zapatistas", dijeron.
Después, en Acteal, la comisión dejó unas flores en las tumbas de las 45 víctimas (36 de ellas mujeres y niños) de la horrible matanza perpetrada el lunes 22. Hasta ahora hay 40 detenidos, todos tzotziles, entre ellos el alcalde priísta de Chenalhó, Jacinto Arias.
Según el diario La Jornada, el secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla, estaría "retenido" en sus oficinas desde hace una semana por orden de la Procuraduría, que investiga su presunta negligencia con relación a la matanza. Tovilla aseguró que no estaba "arraigado ni detenido", sino que se encuentra trabajando en su despacho.
Estrategia de exterminio
La diócesis de San Cristóbal acusa de la masacre a grupos paramilitares organizados por el Gobierno. En la misma línea que sigue el EZLN, el obispo coadjutor, Raúl Vera, dijo ayer en Sevilla que el Ejecutivo aplica en Chiapas "una estrategia de exterminio semejante a la de Guatemala".Mientras tanto, las autoridades, la Cruz Roja y otros organismos se han movilizado para hacer frente a la avalancha de desplazados (entre 4.000 y 6.000 según las fuentes) que buscan lugares seguros y que se encuentran en pésimas condiciones. Junto a aquellos que temen ser atacados por grupos priístas, hay también cientos de familias que temen la venganza de la insurgensia, zapatista por la matanza de Chenalhó.Se da la circustancia, según varios organismos de Derechos Humanos , de que desplazados de ambos bandos están juntos en la huida.
El Ejército ha instalado 30 campamentos de acogida que atienden a unas tres mil personas.
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