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Fórmulas germanas contra el paro

Los ayuntamientos de la república federal buscan recetas para devolver al mercado laboral a los desempleados

Pilar Bonet

La Administración Federal y los municipios se pasan entre sí la pelota del desempleo en Alemania. La confortable triple red de seguridad (el subsidio y la ayuda al desempleo complementados con la ayuda social) que amortigua la caída económica de los parados, atiende hoy con dificultad a los más de cuatro millones de personas sin trabajo. Las cajas de ayuda social (municipales) son la estación final para el creciente número de desempleados crónicos de las urbes. Los ayuntamientos despliegan su inventiva para diseñar puestos de trabajo tutelados, subvencionados y temporales.Su fin es o bien catapultar a los parados hacia el mercado libre de trabajo o bien volver a situarlos más arriba en el escalafón del paro, para que, como Sisifo, vuelvan a reemprender el ciclo de descenso, comenzando por aquellas etapas (subsidio y ayuda al desempleo) que no gravan las arcas locales, porque corren por cuenta del Instituto Federal de Empleo, con sede en Nuremberg y 131 oficinas en el país.

La ciudad de Colonia, la cuarta de Alemania, con algo más de un millón de habitantes, es junto con Hamburgo una de las abanderadas en la búsqueda de soluciones creativas. El paro afecta aquí a casi 59.000 personas (un 14,4% de la población activa) y golpea especialmente al 18,5% de la población formada por extranjeros, sobre todo turcos, entre los que el desempleo es de un 25,2%.

En las puertas de la Oficina de Empleo de Colonia, donde se hablan todas las lenguas de los Balcanes y del Este de Europa, un cartel ofrece a los turcos la posibilidad de volver a su país para trabajar allí en grandes empresas alemanas que se globalizan para ahorrar. Los parados de larga duración, con más de un año sin trabajo, constituyen más de un tercio del desempleo en Colonia. Por parados está formado también el mayor contingente entre las 75.000 personas que reciben ayuda social, según Arnd Schwendi, jefe de la Oficina Social de la ciudad, cuyo alcalde ymayoría municipal son socialdemócratas.

"Los ayuntamientos, tanto si son del Partido Socialdemócrata o de la Unión Demócrata Cristiana, critican al Gobierno por resolver problemas económicos estructurales a costa de los municipios", señala Schweridy. Éstos,explica, no tienen más ingresos que los impuestos industriales, que no son precisamente boyantes en Colonia, donde sólo se han recuperado 5.000 de los 20.000 puestos que se perdieron en la industria entre 1992 y 1997.

La Oficina de Fomento de la Economía y el Trabajo (OFET) es el departamento municipal que trata de abrir huecos en el sistema de mercado. La oferta municipal va desde el cuidado de jardines públicos a la vigilancia de bosques, pasando por la formación de cuidadoras de ancianos y responsables de edificios con parte de las funciones de los antiguos porteros.

En la tradición de la economía social de mercado de Alemania, el ayuntamiento actúa como cúspide coordinadora y protectora de un sistema empresarial que da trabajo a unas 3.000 personas, empleadas en empresas de utilidad pública, que priman la misión social sobre la rentabilidad mercantil y son sostenidas económica-mente en sus proyectos por el municipio. Para dar luz verde a proyectos municipales que movilizan a los parados, ya sea para renovar viviendas sociales o construir guarderías, se requiere el permiso de los gremios profesionales.

En el barnio de Kalk, un antiguo distrito industrial a la orilla derecha del Rin, está la arruinada fábrica de baterías Haguer. En sus locales de ladrillo del siglo XIX se ha instalado la Asociación Internacional de Trabajo Social. Ocupa a unas 220 personas en actividades que van desde la construcción a la jardinería, pasando por la renovación de viviendas sociales.

La brigada de construcción tiene 22 personas, la mitad extranjeros. Su director, que se apellida Drossler, era un contratista que se arruinó en 1996. Desde enero pasado trabaja por 4.500 marcos brutos (unas 378.000 pesetas), que se convierten en 3.000 netos (252.000 pesetas), y no quiere marcharse cuando acabe su contrato en diciembre.

En su equipo está Valeri, un ingeniero emigrado hace tres años desde Ucrania. Condenado al pico y la pala por su desconocimiento del idioma, recibe 18 marcos por hora (1.500 pesetas) y trabaja cinco días por semana (uno de ellos dedicado a la formación profesional o el estudio). Le dieron una vivienda social de tres habitaciones y está más que contento.

En la empresa trabaja también María Luisa Ponte, de origen español y que fue despedida hace tres años en la reducción de plantilla de la Citroën. Su sueldo neto es de 2.200 marcos (168.000 pesetas) y tampoco quiere irse cuando termine su contrato en diciembre.

Para iniciar un proyecto de formación de mujeres extranjeras como conductoras de autobuses ha habido que buscar fondos de la Unión Europea específicamente dedicados a la mujer, encontrar una empresa de formación de conductores y averiguar si la empresa de transportes local estará dispuesta a emplear a las conductoras dentro de dos años cuando, acaben su instrucción, según Rolf-Jürgen Lorertz, un funcionario de la Oficina de Fomento de la Economía y el Trabajo. "Somos el cerdo que busca la trufa en el mercado", afirma Lorenz, muchos de cuyos proyectos vinculan a la Oficina de Empleo (Federal) y a la Oficina Social (municipal), así como a la región y la Unión Europea.

Los funcionarios municipales de Colonia están a la que saltan y comprueban metódicamente todas las posibilidades de apuntarse a cualquier proyecto que surge en Bruselas. Sin embargo, donde antes bastaba con una fuente de financiación se necesitan hoy vanos socios para hacer que un proyecto sea viable, señala Lorenz.

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Sobre la firma

Pilar Bonet
Es periodista y analista. Durante 34 años fue corresponsal de EL PAÍS en la URSS, Rusia y espacio postsoviético.

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