El PSOE valora los bienes incautados por Franco para reclamar indemnizacion

Las organizaciones territoriales del PSOE trabajan desde hace un año en la búsqueda de los bienes del partido que fueron incautados por un decreto de Franco de 13 de septiembre de 1936, ratificado luego el 9 de febrero de 1939, tras ganar la guerra civil. En esta tarea, el PSOE separa los bienes que figuran a su nombre de los que aparecen inscritos como propiedad de UGT, aunque hay dificultades porque muchos de los inmuebles eran comunes. La dirección socialista admite que va atrasada en su inventario, por lo que desconoce cuánto le puede corresponder. Sólo precisa que en 1936 era el primer partido en España y, por tanto, es el principal acreedor.

El Gobierno de José María Aznar ha puesto en marcha el proceso bases para devolver a los partidos políticos lo que Franco se incautó. Los gobiernos socialistas de Felipe González pospusieron año tras año afrontar esta situación, aunque dejaron al Gobierno del PP una documentación importante -bases y criterios para la restitución- que es la que ha servido de sustento para el programa de devolución aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Los partidos tienen un año para presentar sus expedientes con lo que demandan y la administración tendrá que resolver sobre su solicitud en cuatro años.Los socialistas jamás han hablado de cuánto les podría corresponder porque nunca se pusieron manos a la obra. Una vez que el PP se comprometió a llevar el asunto adelante, a instancias del PNV, la ejecutiva del PSOE, presidida por Felipe González, decidió hace doce meses que todas sus organizaciones territoriales localizaran en la Propiedad Inmobiliaria sedes e inmuebles, según revelan fuentes de la ejecutiva. También comenzó la búsqueda de cuentas corrientes y títulos de participación en sociedades.

En estos días, el PSOE toma nota de lo que empiezan a pedir los demás. El PNV cree que le corresponden en torno a 5.000 millones de pesetas y el PSUC, organización comunista catalana, estima en 800 millones de pesetas actuales el monto de lo que perdió.

El PSOE no quiere dar cifras porque no está todavía en condiciones de aportarlas. Su investigación va lenta. Ahora bien, al escuchar lo que piden los demás, los actuales dirigentes socialistas recuerdan que su partido tenía implantación en toda España y que era la primera fuerza política en, número de militantes y bienes. "Si el patrimonio se devuelve a todos, nosotros somos los primeros acreedores", dijeron miembros de la actual dirección socialista. "Si al PNV le corresponden 5.000 millones el PSOE tendría derecho a 15 veces más", dicen estos interlocutores, para añadir enseguida que nunca pedirían algo parecido.

Resistencia

En este partido se observa cierta resistencia a hablar del asunto, en línea con la actitud que mantuvieron de forma inalterable durante sus 13 años de Gobierno. El PNV le instó una y otra vez a la restitución de lo incautado, pero siempre fracasó. De otro lado, el hecho de compartir la mayoría de los bienes con UGT les hizo dar un paso atrás para no entrar en conflicto con la que había sido organización hermana y que dejó de serlo muy poco después de que el PSOE llegara al Gobierno.En este partido se asegura que en, la UGT se, ha hecho un trabajo muy exhaustivo y que tienen perfectamente inventariado su patrimonio. Las fuentes informantes aseguran que una reunión con la UGT para contrastar datos resulta imprescindible.

"La UGT y el PSOE: dos tortas de la misma hogaza". Esta frase es de un viejo sindicalista, Valentín Gómez, que los actuales dirigentes del partido evocan ahora para tratar de explicar la dificultad de separar los bienes.

Antes de la guerra, los socialistas adquirían Casas del Pueblo y, en esos locales convivían socialistas y ugetistas. Ahora bien, la situación se complica porque la UGT cobró en 1986 algo más de 4.000 millones de pesetas como adelanto de lo incautado en el marco de la llamada Ley del Patrimonio Sindical.

Muchas de las propiedades del PSOE y de la UGT fueron utilizadas de inmediato por las autoridades franquistas. La Casa del Pueblo de Madrid, inaugurada por el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, en 1908, fue destinada para que los tribunales militares realizaran los juicios sumarísimos. Muchos militantes socialistas escucharon desde un lugar muy conocido para ellos sentencias de prisión y de muerte. La rotativa de El Socialista sirvió al nuevo régimen para imprimir el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta entrados los años cincuenta.

El decreto de Franco de 1936 declaró ¡legales a los partidos y agrupaciones que integraban el Frente Popular, así como cualesquiera otras formaciones opuestas a la rebelión militar. Todos sus bienes fueron incautados. El 9 de febrero de 1939 el decreto del dictador fué confirmado "por la responsabilidad política en la que esas agrupaciones y partidos habían incurrido".