Detenido el alcalde priísta de Chenalhó, al que varios testigos acusan de instigar el crimen
Las autoridades apresaron ayer a Jacinto Arias, alcalde de Chenalhó y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien varios testigos señalan como uno de los principales instigadores de la matanza del pasado lunes. Según una emisora de radio, la Procuraduría prepara otras 140 órdenes de detención. Esto ha despertado el temor de que se susciten nuevos actos de violencia en un conflicto que el procurador general, Jorge Madrazo, atribuye a rencillas entre familias y comunidades. Otros grupos creen que esta explicación de la matanza es insuficiente.
Viejos conflictos familiares y comunitarios desembocaron, el pasado lunes, en la matanza de 45 personas en el municipio de Chenalhó, en el Estado mexicano de Chiapas. Esto se desprende de las declaraciones aportadas a la Procuraduría por los presuntos agresores y los supervivientes, todos emparentados entre sí. El viernes, 18 de los 41 detenidos -entre ellos dos menores de edad- pasaron a disposición judicial. Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras la oposición de izquierda culpa del crimen al gobernador de Chiapas, los conservadores han acusado al obispo Samuel Ruiz de fomentar el odio entre las comunidades.Los testimonios recabados por el ministerio público entretejen el tapiz de odios añejos que han ido marcando la vida en Chenalhó, un municipio de 30.000 habitantes poblado esencialmente por indígenas tzotziles. Las disputas por el poder político y económico entre varias familias de caciques (Pérez Méndez, Arias y Paciencia) se remontan a los años treinta y han ido pasando de generación en generación.
La Procuraduría destaca en su documento el hecho de que hasta ahora la mayor parte de los hechos violentos que se han registrado en Chenalhó hayan "permanecido impunes". Las investigaciones continúan para localizar los vehículos y las armas empleadas en la matanza, que iban desde machetes a fusiles AK-47.
Las primeras conclusiones de la fiscalía han suscitado reacciones diversas. "Vamos a analizar cuidadosamente la explicación del procurador", dijo Gonzalo Ituarte, vicario de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, de la que depende. Chenalhó. Ituarte separa todos esos antecedentes de la matanza de Acteal. "Nos parecen importantes las afirmaciones históricas que se hacen en el documento, pero nos interesa que ese diagnóstico no sea malinterpretado por la opinión pública como explicación directa de los eventos contemporáneos". La diócesis de San Cristóbal ha achacado la matanza a grupos paramilitares pagados por el PRI y por el Gobierno de Chiapas. Así se han pronunciado algunas organizaciones no gubernamentales y el PRD, que aseguran que el dictamen "exonera" al verdadero "autor intelectual" del crimen, Julio César Ruiz Ferro, gobernador del Estado. El conservador Partido de Acción Nacional ha responsabilizado a Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal, y a algunos sacerdotes "de fomentar el odio" en aquellos municipios.
Los conflictos, según la Procuraduría, se agudizaron a partir de las elecciones de 1995, que pusieron al frente de la alcaldía a Jacinto Arias. Meses más tarde, un grupo adversario, simpatizante del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, constituyó un ayuntamiento paralelo encabezado por Domingo Pérez Paciencia.
Lo primero que hizo este "Consejo Municipal Autónomo" fue "expropiar" un importante banco de grava en el barrio de Majomut que estaba en posesión de los vecinos del poblado de Los Chorros, simpatizantes del Partido Cardenista (izquierda populista). A partir de ahí las agresiones se multiplicaron. Antes de la matanza, unas veinte personas habían sido asesinadas en los seis últimos meses. Las partes en conflicto habían mantenido en diciembre varias reuniones de reconciliación, sin ningún efecto.
"Creo que lo de Acteal es una venganza de un grupo vinculado al alcalde Jacinto Arias, porque hasta ahora había más priístas muertos", afirma Michel Chanteau, párroco de Chenalhó desde hace 32 años. "Esto ya se ha visto en Europa, en la guerra. Familias divididas que se matan entre ellos". Chanteau, que ha recibido amenazas de muerte del alcalde, asegura que la policía estaba controlando el banco de grava de Majomut, por lo que no se explica por qué no intervino para detener la matanza.
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