Indignación silencio oficial en España

Un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) españolas, integrantes de la llamada Plataforma de Solidaridad con Chiapas, entregaron ayer al embajador de México en España un comunicado en el que denuncian la participación "directa o indirecta" de las autoridades mexicanas en "la preparación, financiación y reclutamiento de grupos paramilitares" que hostigan a las comunidades indígenes y que fueron responsables de la matanza.En la tarde de ayer varios cientos de personas se manifestaron ante los consulados de México en España para protestar por la matanza. En Madrid tres personas fueran detenidas y varios manifestantes lograron encaramarse al balcón de la embajada y tuvieron que ser desalojados por la policía. Zaragoza, Sevilla y Pamplona, entre otras ciudades, fueron escenario de las movilizaciones.

Estas ONG aseguran que las reiteradas declaraciones del presidente mexicano, Ernesto Zedillo, a favor de la promoción del entendimiento en la zona para fomentar la paz y el diálogo no son otra cosa "que declaraciones bienintencionadas para tranquilizar a la comunidad internacional", pero carentes de hechos concretos que la sostengan.

La Embajada mexicana, que rechazó esta implicación oficial en la matanza, respondió con el texto del comunicado del Ministerio de Exteriores mexicano, en el que se dice que las manifestaciones que pretendan "exigir, demandar o instar ( ... ) al Gobierno de México decisiones sobre el caso ( ... ) constituyen un inaceptable acto de injerencia en los asuntos internos".

Jueces Para la Democracia (JPD) fue más lejos aún al pedir a la Unión Europea que revise el tratado comercial con México, al estar éste vinculado al respeto de los derechos humanos. Para esta organización, la matanza de Chiapas el lunes representa un claro incumplimiento por parte del Gobierno mexicano. JPD exige además la investigación de los hechos y el castigo a los culpables.

La Unión General de Trabajadores (UGT) es de una opinión similar a la de Jueces para la Democracia. Para este sindicato, el Gobierno de Zedillo tiene el deber de acabar con "el salvajismo y la impunidad". "El Gobiernode su país", dice la UGT a Zedillo, "tiene la responsabilidad de desarmar y desmantelar y terminar ( ... ) con los paramilitares".

Izquierda Unida instó al Gobierno español a presentar "de manera inmediata" al Ejecutivo mexicano una petición de aclaraciones y la depuración de responsabilidades, pues la comunidad internacional "no puede permencer inactiva ante un crimen de estas características".

Según IU, en esta actuación del Gobierno de José María Aznar debería incluirse la petición de garantías para que hechos similares no se vuelvan a repetir en México.

El Gobierno español no realizó declaración pública alguna sobre este asunto al finalizar el Consejo de Ministro de ayer. Un portavoz de La Moncloa remitió a la reacción oficial del Ministerio de Exteriores, "que es el que marca la pauta en estos casos".