Un año y medio más ocupados con la Expo 92

Los consejeros del Tribunal de Cuentas disponen de tal autonomía que alguno de ellos suele comparar al tribunal con una confederación que sólo tiene en común su política exterior, en este caso, el envío de informes a la comisión de diputados y senadores que ejercen el control parlamentario de ese órgano. El último encargo de esa comisión -una prolija ampliación del informe sobre la Expo 92- va a ocuparle durante un año y medio y, por tanto, a mantener vivo hasta las elecciones legislativas el debate sobre la poco austera gestión de aquel éxito internacional.La votación en el tribunal del informe enviado a las Cortes sobre la Expo confirmó el pasado 23 de octubre la división entre los consejeros afines al PSOE. Mientras que lo aprobaron Milagros García Crespo, Eliseo Fernández Centeno, Paulino Martín y Andrés Fernández, no solo votaron en contra sino que relataron sus objeciones en votos particulares Miguel Ángel Arnedo y Ciriaco de Vicente. Una propuesta de éste para fiscalizar el Consejo Consultivo de Privatizaciones, y por tanto las últimas privatizaciones de empresas públicas, topó con la negativa de cuatro consejeros socialistas y la abstención de Arnedo.

El programa de fiscalizaciones del Tribunal, previsto para 1998 hace previsible que aún continúen cayendo sobre ellos malas noticias relacionadas con su gestión en el pasado, ya que afectan a cuentas referidas a los años 1994-1996. Entre ellas la del área de producción y de gestión financiera de RTVE. Pero a la vez concluirán las investigaciones sobre las cuentas de ayuntamientos de capitales de provincia gobernados por el PP, y de los partidos políticos de Baleares. Una región donde el Tribunal Superior de Justicia constató, aunque declaró prescrito, un delito de cohecho del entonces presidente del PP y del Gobierno autonómico, Gabriel Cañellas, del que se favoreció el PP con un ingreso de 50 millones de pesetas, en el caso Sóller.