El PSOE lleva al Congreso la petición de cese de los fiscales Cardenal y Fungairiño

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha logrado en poco más de siete meses emular políticamente a la ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre: todo el arco parlamentario, a excepción del PP, reprocha con dureza su actuación en el caso de las investigaciones sobre las dictaduras de Argentina y Chile. La diferencia es que resulta dudoso, en este momento, que pueda prosperar la proposición no de ley que ayer presentó en el Congreso el grupo socialista, en la que se pide el "inmediato cese" de Cardenal y que se remueva de su cargo al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño.

Todos los grupos, excepto el popular, son unánimes en su crítica, sin paliativos hacia la postura de Cardenal y Fungairiño, pero se muestran cautelosos a la hora de pronosticar si apoyarán la petición de cese para ambos, algo que el Congreso no debatirá hasta febrero, ya que en enero no hay actividad parlamentaria.Juan Manuel Eguiagaray, portavoz del Grupo Socialista, presentó ayer la proposición no de ley pidiendo el cese de Cardenal y la remoción de Fungairiño. Los socialistas quieren que el Gobierno comparezca voluntariamente antes de que termine este mes para explicar la situación. Si no lo hace plantearán en la reunión de la Diputación Permanente que se celebrará en enero que la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, explique en la Cámara la situación creada.

Eguiagaray piensa que el Gobierno debe mostrar los "reflejos necesarios" para dar una respuesta porque, en su opinión "no es posible tener durante tanto tiempo a tanta gente indignada, no es posible el espectáculo de la Audiencia Nacional, ni que el fiscal Fungairiño "siga representando a las instituciones democráticas y al servicio de la legalidad democrática, justificando dictaduras militares".

Desde IU, su portavoz de Justicia e Interior, Willy Meyer, apoya, sin reservas, la crítica de su grupo a Cardenal y Fungairiño, pero el grupo parlamentario no ha podido estudiar la proposición socialista y por tanto no puede adelantar cuál será el sentido de su voto.

Desde los grupos nacionalistas que apoyan al Gobierno tampoco se ahorran descalificaciones para ambos fiscales, pero las posiciones finales son matizadas, especialmente desde CiU.

Poco proclive

El portavoz de justicia del grupo catalán, Ignaci Guardans, admite que su grupo es poco proclive -"no lo ha sido nunca"- a las peticiones de ceses fulminantes pero, a renglón seguido, explica que tanto Fungairiño como Cardenal han entrado en valoraciones políticas sobre el golpe de Estado que van mucho más allá de su función" y, desde el punto de vista técnico "se han limitado a una interpretación restrictiva de la Ley Orgánica del Poder Judicial olvidando que existen tratados internacionales, firmados por España, nunca utilizados pero que apoyarían razonablemente la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los crímenes cometidos por las dictaduras de Argentina y Chile contra ciudadanos españoles".Margarita Uría, portavoz del PNV, piensa que si Cardenal y Fungairiño "han querido decir otra cosa, lo han dicho muy mal, porque para el ciudadano medio se ha transmitido el mensaje de que apoyan los golpes de Estado". En opinión de la diputada vasca "la comparación con el artículo 55 de nuestra Constitución es muy desafortunada.

Luis Mardones, en nombre de Coalición Canaria que también apoya al Gobierno declara, sin reservas, su indignación ante los razonamientos de Fungairiño y Cardenal y afirma que ellos "no son quienes para entrar a valorar, ni menos justificar jurídicamente, el inicio de un golpe de Estado". Mardones fue el único que se atrevió a adelantar su propósito de proponer al grupo canario que vote a favor de la proposición socialista para remover de sus cargos a ambos fiscales.

Desgastar al Gobierno

El Gobierno afrontó ayer este asunto a través de su vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, quien, en declaraciones a la Cope, aseguró que los socialistas intentan politizar la Audiencia Nacional y les acusó "de utilizar cualquier asunto para desgastar al Gobierno antes que contribuir a resolver un problema ante los ciudadanos.Cascos recordó que la Audiencia "es la sede donde se examinan asuntos importantes de los que se derivan responsabilidades conexas con las responsabilidades políticas del PSOE".

En su opinión, Fungairiño "está siendo combatido políticamente por los que, en el plano jurisdiccional han buscado la defensa para eludir las responsabilidades políticas" y concluyó que el ejecutivo "no caerá en la trampa de esta guerra de descalificaciones" porque los políticos no deben "interferir en la actividad de jueces y fiscales por muy insistentes que sean los intentos del PSOE de politizar la Audiencia Nacional".