Los alcaldes y la Confederación del Tajo pactan derruir las casas ilegales junto a ríos
La Confederación Hidrográfica del Tajo y la Federación Madrileña de Municipios (FMM) van a proponer al Gobierno regional que "tome las medidas legales necesarias" para derribar los miles de construcciones ilegales que bordean los principales ríos de la región: Guadarrama, Jarama, Manzanares y Henares. Sólo a orillas del Guadarrama, según un informe del Servicio de Protección Ciudadana de la Guardia Civil (Seprona), se asientan 1.070 de estas edificaciones ilegales.En una reunión celebrada en los locales de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y a la que asistieron el pasado jueves el presidente de la FMM, Luis Partida; el presidente de la Confederación, José Antonio Llanos, y los alcalde de los ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes, Alcalá, Torrejón, San Fernando, Móstoles y un concejal del consistorio de Madrid, se acordó elaborar un censo de construcciones ilegales ubicadas en los cauces de los ríos.
Este censo, que se realizará a partir de un modelo entregado por el Ayuntamiento de San Fernando, será remitido al Gobierno regional esta semana para que el Ejecutivo madrileño pida a los jueces el derribo de todos estos asentamientos.
La reunión se celebró a instancias del propio Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, que el pasado día 24 de noviembre reunió a todas las consejerías implicadas, a varios alcaldes, al delegado del Gobierno, a la FMM y a la Confederación del Tajo para pedirles una solución definitiva a los asentamientos ilegales. El presidente regional no desea que desastres como los de Biescas o Badajoz puedan repetirse en Madrid.
Los asistentes acordaron entregar al presidente regional una solución. El jueves pasado, los municipios y la Confederación se reunieron, con los primeros resultados.
La Confederación del Tajo presentó, según las fuentes consultadas, "un extraordinario trabajo con planos y fotografías". Se acordó entonces elaborar el censo de viviendas, detallando las dos grandes diferencias que dividen a las construcciones ilegales: las que están dentro del propio cauce y las que se encuentran en la zona de dominio público hidráulico, a menos de cien metros de las aguas. Las primeras son las que más preocupan a los Ayuntamientos y a la Confederación del Tajo.
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Desvío y refuerzo
La Confederación ultima la delimitación de los terrenos en los que se asientan casas ilegales
Ese polémico plan propone el desvío y refuerzo del cauce de los ríos en los puntos en los que se da una mayor concentración de asentamientos ilegales.Algo así como recurrir a cambiar el curso del río para que éste no segue las vidas de los chabolistas en la próxima avenida de agua que se produzca, si no se consigue echarlos de sus casuchas.
Sin embargo, este proyecto cuenta con la oposición frontal de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y de las entidades y colectivos de defensa y conservación de la naturaleza. El portavoz de la asociación ecologista Aedenat, Santiago Martín Barajas, calificó hace unas semanas este plan de "auténtica locura".
Martín Barajas muestra, sin embargo, su satisfacción por el hecho de que las administraciones públicas por fin "hayan tomado conciencia del problema". En este sentido, el portavoz de Aedenat señala: "Solicitamos que, una vez eliminadas esas construcciones, se proceda a la limpieza de esas zonas y a la plantación de árboles de ribera para laminar posibles avenidas. Se trata de una medida que evitará catástrofes y que mejorará la situación ambiental de estas riberas". "En la catástrofe de Badajoz sólo unos chopos pequeñitos aguantaron el paso del agua. Salvaron la vida a mucha gente", concluye Santiago Martín Barajas.
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