El fiscal solicita al Constitucional que excarcele a Sala

El fiscal informó ayer al Tribunal Constitucional a fayor de la puesta en libertad del ex senador socialista Josep Maria Sala, condenado a tres años de cárcel en el caso Filesa (financiación irregular del PSOE), mientras se tramita el recurso de amparo, ya admitido por el alto tribunal. En cambio, se opone a la excarcelación del ex diputado, Carlos Navarro, condenado por el Tribunal Supremo en el mismo caso a 11 años. El Constitucional decidirá la próxima semana sobre la suspensión de sus condenas solicitadas por ambos.

Los dos informes presentados ayer por el fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional, José Julián Hernández Guijarro, dentro de la llamada pieza separada de suspensión (procedimiento específico para decidir si se suspende una condena), tienen en cuenta "la distinta naturaleza y extensión de las penas y la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas", según fuentes oficiales de la Fiscalía General del Estado.De acuerdo con ese análisis, el fiscal ha dictaminado favorablemente la puesta en libertad de Sala, condenado a tres años de cárcel por asociación ilícita y falsedad en documento mercantil, y "la improcedencia" de adoptar esa medida respecto a Navarro, condenado a 11 años por asociación ilícita, delito continuado de falsedad documental y delito fiscal.

El criterio en el que, según informó ayer La Vanguardia, fundamenta el fiscal su diferente posición respecto a uno y otro es la cuantía de la pena de privación de libertad, sobre la base de que la frontera establecida por la doctrina del alto tribunal es los seis años, a los que Sala no llega mientras que Navarro los sobrepasa. El mismo rotativo no ve clara esa doctrina cuando, como ocurre en el caso de Navarro, sus 11 años de prisión son resultado de la suma de tres delitos, ninguno de los cuales sobrepasa los seis años.

Cárcel e "intereses generales"

Fuentes del Tribunal Constitucional explicaron ayer a este periódico que la decisión que adopte la semana próxima su Sala Segunda tendrá en cuenta, más que la cuantía de las condenas, la perturbación de los intereses generales que la suspensión del cumplimiento de una condena pueda significar. Las mismas fuentes recordaron una resolución de 19 de marzo de 1986 en la que, tras reconocerse que "la suspensión de una sentencia judicial implica, en sí misma, la perturbación de los intereses generales", se añade que la gravedad de esta perturbación debe ser, sin embargo, ponderada con la que para la libertad de los recurrentes implica el cumplimiento de una condena de prisión".La doctrina indicada se completa con el criterio de que cuando el propio tribunal sentenciador, en este caso la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, ha mantenido en libertad provisional a los ahora condenados, es procedente la excarcelación, ya que "parece decididamente mayor el daño" que para los recurrentes implica la permanencia en prisión "que el que para el interés general pueda resultar de la suspensión, durante el tiempo que se tramita el recurso, de la sentencia recurrida", según la resolución antes citada. No cabe, pues, descartar la suspensión de la condena de Navarro a pesar del informe desfavorable del fiscal.

En cuanto a la posible puesta en libertad de los otros cuatro condenados que se encuentran en prisión por el caso Filesa -Luis Oliveró y Alberto Flores, con penas de 10 años, y Aida Álvarez y Miguel Molledo, con dos años y cuatro meses-, las fuentes indicadas señalaron que la suspensión de la condena no depende tanto de la entidad de las penas como de la admisión o no a trámite de sus recursos de amparo.