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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

¿Quién es el pirómano?

LA PRESENCIA de Miguel Ángel Rodríguez en La Moncloa empieza a ser un peligro público. Ésa es una hipótesis. La otra es que sea un mero repetidor de lo que oye en casa. Lo cual sería aún más preocupante. No es fácil entender que el portavoz del Gobierno descalifique, en términos tan sutiles como un ladrillo, al líder del primer partido de la oposición momentos antes de que éste sea recibido por el presidente del Gobierno. O Rodríguez actuó por su cuenta, en cuyo caso haría bien Aznar en destituirlo, o fue el presidente quien lanzó al ruedo a su portavoz para arruinar un encuentro en el que los acuerdos fueron claramente superiores a los des acuerdos, según reconoció Almunia y confirmó -ya de madrugada- Rodríguez.Los dos principales partidos españoles tienen una superficie amplia de intereses compartidos: en política exterior y de defensa, en materia antiterrorista, en política europea, en el tema autonómico. En este último campo existen divergencias conocidas, pero no así en los otros. El orden del día de la entrevista Aznar-Almunia se centraba en esos asuntos en los que de entrada se sabe que existe sintonía, y consta que la entrevista lo confirmó. ¿A qué vienen las descalificaciones previas deslizadas por Rodríguez? ¿O se trata de llevar la estrategia antisocialista hasta las llamadas cuestiones de Estado?

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El PP sale en tromba contra Almunia por su propuesta de indultos

La política antiterrorista ha sido hasta ahora la zona de mayor consenso entre el PP y el PSOE. El comentario de Almunia sobre los indultos como instrumento de reinserción se ha desorbitado. Lo que dijo en su comparecencia ante los periodistas fue que había que mantener una política de reinserción más activa y permanente, que podría llegar incluso a la concesión de indultos. Seguramente fue una imprudencia utilizar ese término, porque no hay indicios que aconsejen el recurso inmediato a tales medidas, y plantearlo ahora puede inducir a confusión. Pero magnificar ese error hasta convertirlo en motivo de grave divergencia pública resulta artificioso.

El argumento del Gobierno para dosificar el acercamiento de presos a Euskadi es que el tratamiento debe ser individualizado y supeditado siempre al principio de favorecer la reinserción. Pero eso exige que haya una política de reinserción. Precisamente porque el contexto general -detenciones en Francia, desconcierto del mundo radical- puede favorecer movimientos de disidencia en las cárceles, Almunia pidió más iniciativa del Gobierno en esa dirección, añadiendo innecesariamente una mención a eventuales indultos. El planteamiento general no parece descabellado. Deducir de sus palabras que Almunia estaba en realidad preparando el camino a un indulto para los responsables de los GAL (como aventuró la portavoz de IU, Rosa Aguilar) parece cuando menos abusivo.

La relación entre el partido del Gobierno y el PNV fue otro de los temas abordados en la entrevista. En su día se entendió que el interés fundamental de asociar a la formación de Arzalluz al pacto de gobemabilidad derivaba de su presumible influencia en cualquier política de pacificación. Pero luego ha resultado que esa política era excluida en la práctica del área de acuerdo PP-PNV. Es lógico que el primer partido de la oposición pida explicaciones al Gobierno, porque la marcha por libre del PNV está teniendo efectos bastante desastrosos para la coherencia del frente democrático. No hay ningún motivo por el que Aznar no pueda compartir ese diagnóstico. Y si de lo que se trata es de un pacto bajo cuerda para que cada uno, PP y PNV, actúe en este campo como más le convenga -para contentar a su electorado respectivo-, conviene que se sepa.

Es cierto que algo parecido ocurre en el Gobierno tripartito vasco, basado en un acuerdo del que se excluye también la política de pacificación. Pero cuando los socialistas amagaron con salirse, apareció Iturgaiz ofreciendo los servicios del PP para llenar el hueco. De donde se deduce la necesidad de un acuerdo entre los dos principales partidos, y no su boicoteo por parte del portavoz del Gobierno o, mucho menos, del propio presidente.

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