Visto para sentencia el juicio de Roldán tras seis meses de intensas sesiones

Luis Roldán agotó su última oportunidad con una frase lacónica: "No tengo nada que añadir, gracias". Eran las 13.47 de ayer y el ex director de la Guardia Civil se expresó así ante el tribunal que le ha juzgado y que, como marca la ley, le otorgaba la última palabra. El juicio, que ha durado seis meses con prolongadas sesiones de lunes a jueves, quedó visto para sentencia. El ministerio fiscal pide 32 años de cárcel para Roldán por nueve delitos y su defensa la libre absolución. La sentencia se hará pública a mediados de enero.

El juicio concluyó con la frustración confesada por el fiscal Alejandro Luzón de no haber conseguido bloquear los 1.700 millones de pesetas que Roldán y su esposa ocultaban en un banco suizo. Un botín de fondos reservados y comisiones ilegales por adjudicaciones de obras que, según las acusaciones, pusieron a buen recaudo en el Oversea Union Bank, de Singapur, con la ayuda de Francisco Paesa y una interminable red de testaferros suizos, colaboradores de éste, de acuerdo con los informes de los peritos judiciales Conrado Pérez y María Luisa López. Ahora corresponderá al tribunal decidir si se inician diligencias contra Paesa tal como han solicitado los fiscales Luzón y Daniel Campos en sus conclusiones definitivas.La renuncia de Roldán a dirigirse a la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid para decir su última palabra se produjo justo cuando se acaban de cumplir cuatro años de su relevo al frente de la Guardia Civil, producido dos semanas después de que la prensa, desvelara el escándalo que acabó con su carrera política y evitó su nombramiento como ministro del Interior.

"No tengo nada más que añadir, gracias". Esta frase fue repetida mecánicamente por los otros siete procesados. Todos se encontraban en el banquillo después de prolongadas ausencias por motivos médicos y familiares autorizadas por el tribunal. Pero los magistrados habían exigido su presencia en la que iba a ser la última sesión. Y ninguno faltó.

Después de Roldán, el primero que la pronunció fue Jorge Esparza, para el que los fiscales piden 15 años; y tras él, Jorge Prieto Pardina, tres años; el general Manuel Llaneras, seis meses; Blanca Rodríguez-Porto, cinco años; Elisa Rodríguez, Agustín Blázquez y el constructor José Herminio Lastra, tres años para todos ellos. Sus letrados han pedido su libre absolución y algunos han denunciado presuntas irregularidades en la instrucción de la causa.

Durante la última sesión, Agustín Guardia consumió su turno de defensa de Blanca Rodríguez-Porto, la esposa de Roldán. Negó la existencia del fraude fiscal y rebatió los datos aportados por la comisión rogatoria suiza argumentando que su incorporación al sumario es ilegal. "Quizá el único delito que ha cometido Blanca ha sido casarse con Luis Roldán", dijo.

Su abogado dijo que Rodríguez-Porto no participó en ninguna de las operaciones para trasladar los 1.700 millones de Suiza a Madrid y de Madrid a Singapur. Aseguró que la procesada desconocía que se hubiera cometido delito alguno y que nunca pensó que fueran ilegales las gratificaciones que Interior entregaba supuestamente a su marido. Según Guardia, ella nunca supo que se pagaban comisiones por obras y, además, tanto este dinero como el de los fondos reservados fue a parar a su marido "mucho antes de la intervención de Blanca", por lo que pidió su absolución.

El fiscal y el abogado del Estado le acusan de los delitos de encubrimiento y contra Hacienda. Este último pide para ella 10 años de cárcel. La madre, hermanos y cuñados de Blanca tenían también cuentas en el mismo banco suizo que el matrimonio Roldán.

Fernando Muñoz Perea, defensor de Elisa Rodríguez López, destacó que la ex compañera sentimental de Roldán se ha visto acusada por un presunto cohecho "de 400.000 pesetas" y que no hayan sido procesados los dueños de Huarte, Cubiertas MZOV y Sierra Comendador, empresas que pagaron más de 800 millones en comisiones ilegales al clan Roldán. En este sentido, manifestó su agradecimiento a los periodistas que desvelaron el caso y criticó la inactividad inicial de la fiscalía "porque permitió que importantes personas implicadas en los hechos no estén sentadas en el banquillo".

El letrado aseguró que ha prescrito el presunto delito de cohecho por varios talones de la constructora Aspica ingresados en las cuentas de Elisa en 1988. Y sobre otro talón de 1991 insistió en que los propios peritos judiciales han reconocido que no existe relación entre ese cheque y ninguna obra de la Guardia Civil. Muñoz Perea definió el procesamiento de Elisa como un "incómodo, injusto y doloroso viacrucis-. "Aun admitiendo que los dos primeros talones hubieran podido ser un cohecho, el tercero, por el que está en esta causa, no está acreditado que lo fuera", dijo.

Juan Carlos Hernández, defensor de Agustín Blázquez, afirmó que las relaciones entre éste y Roldán eran sólo amistosas y aseguró que su cliente trabajaba para la constructora Aspica con anterioridad. Esgrimió también que no se ha demostrado que el talón que cobró en 1991 tuviera relación con obras de la Guardia Civil.

Cerró el turno Álvaro Pastor abogado de Lastra, dueño de Aspica. Su defensa la basó en que pagaba comisiones a Blázquez como gestor comercial, pero ignoraba que las cobrase Roldán. Pastor hizo hincapié en que ninguno de los métodos de las grandes constructoras para ocultar sus mordidas fueron utilizados por Aspica. El delito de cohecho que se implica a Lastra ha prescrito, según él.