Madrid asciende con nuevas competencias a la primera división de las autonomías

Madrid quiere ser una autonomía de primera división para gestionar algunos de los servicios públicos fundamentales (sanidad y educación no universitaria) que aún dependen de la Administración central. Para conseguirlo, los tres grupos parlamentarios (PP, PSOE e IU) aprobaron ayer por unanimidad la reforma del estatuto, vigente desde 1983, fecha de creación de la Comunidad de Madrid. El nuevo estatuto permitirá a los diputados dedicarse en exclusiva a sus tareas políticas sin pasar apuros económicos. Tendrán, al fin, un salario fijo y digno.

El salón de plenos vivió ayer una sesión atípica. La izquierda aplaudió los discursos del PP y los populares correspondieron con la misma cortesía. Arrinconadas por una hora las diferencias políticas, quienes hablaron (los portavoces de IU, del PSOE y del PP, y el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón) insistieron en el jaboneo.Tras el protocolo de los parlamentos, el pleno aprobó por unanimidad la reforma del estatuto de autonomía, que colma las aspiraciones de autogobierno de sus políticos y sitúa a Madrid al mismo nivel que Cataluña o el País Vasco, que desde hace años gestionan los principales servicios públicos. "Madrid ya tiene todas las competencias necesarias para el siglo XXI. Si no lo hacemos bien, no será porque no podamos, sino porque no sepamos", apuntó Alberto Ruiz-Gallardón.

Atrás quedaron algunas aspiraciones que no consiguieron el consenso. El PP tuvo que aparcar su idea de dividir Madrid en 10 circunscripciones electorales. El PSOE aceptó no tocar la polémica Ley de Capitalidad, pendiente desde hace años. Izquierda Unida renunció a abrir oficina a un Defensor del Pueblo madrileño. Sí fue aceptada por todos la creación de un Tribunal de Cuentas regional.

El camino de la Comunidad de Madrid para asumir los servicios básicos ha sido largo y tortuoso. Desde que esta institución se inventó de urgencia en 1983, los dirigentes regionales han ido arañando competencias al Estado poco a poco.

La "pinza del 91"

Las últimas competencias llegaron en 1991, tras un pacto de Estado que rechazó IU porque no se incluyeron los servicios sanitarios en el traspaso. Ángel Pérez, portavoz de la coalición, recordó ayer aquella "pinza del 91" entre el PP y el PSOE, que impidió acceder a las competencias con mayor rapidez.El portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, se felicitó por la reforma del estatuto, un instrumento que, según dijo, debe servir para que Madrid asuma el liderazgo social y político en el conjunto del Estado. "Decía Manuel Azaña, con cierta tristeza, al referirse a Madrid: 'La destinaron a ciudad federal de las Españas y, en lugar de presidir la integración de un imperio, no hizo sino registrar hundimientos de escuadras y pérdidas'. Esa deriva fatalista ha sido superada en los últimos 20 años", señaló Lissavetzky.

Manuel Cobo (PP) aseguró que, con las nuevas competencias (sanidad, relaciones laborales, aeropuertos...), la Comunidad prestará mejor servicio a sus ciudadanos.