Un nuevo decreto permite a los chabolistas ilegales solicitar un piso público

Las normas que regulan la adjudicación de las viviendas que construye la Comunidad de Madrid para las familias más pobres cambiarán de nuevo. Será la cuarta vez en diez años. Las nuevas reglas aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno permitirán, entre otras novedades, que los chabolistas ilegales puedan solicitar un piso al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Hasta ahora, el Ivima rechazaba las solicitudes de quienes residían en una chabola ilegal, es decir, aquellas que no están incluidas en el censo que efectuó el Consorcio para el Realojamiento e la Población Marginada en 1986.

Alrededor de un millar de personas habitan en los cinco mayores poblados de infraviviendas ilegales de la región. Son los de Boadilla del Monte (donde residen inmigrantes magrebíes), Pitis (Madrid) y Los Berrocales de San Fernando (ambos ocupados por inmigrantes portugueses), y los del Salobral y Pozo del Huevo en Madrid, informa Begoña Aguirre. Todos ellos tendrán derecho con las nuevas normas de la Comunidad a un piso público siempre que, en el caso de los inmigrantes, esté legalizada su presencia en España.El cambio en las normas de adjudicación de viviendas baratas, el segundo que hace el PP desde que llegó al Gobierno, es consecuencia de la experiencia acumulada durante el último año en este terreno, según explicó ayer el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón.

Su ejecutivo aprobó el texto del futuro decreto y lo envió al Consejo Económico y Social para que allí, empresarios, sindicatos y expertos lo estudien y elaboren el informe preceptivo antes de su ratificación definitiva mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

El PP ha decidido ampliar el cupo de las viviendas construidas por el Ivima que se reserva a las familias numerosas y modificar los criterios de baremación para otorgar a las familias solicitantes el doble de puntos por cada hijo menor de edad o mayor con minusvalía.

El sistema de adjudicación de las viviendas mantendrá las dos vías actuales. La mitad de los pisos que se construyan serán sorteados entre los solicitantes que no superen unos ingresos mensuales de 165.000 pesetas; el resto de las casas serán adjudicadas a familias de extrema necesidad en función de los puntos que obtengan según el nuevo baremo.

El Gobierno regional pasó ayer de aprobar el nuevo modelo de concesión de pisos públicos por la mañana a soportar en el pleno una nueva protesta social de los vecinos de la UVA de Hortaleza, por el retraso que sufren las obras de remodelación de su barrio. Hace seis años que los políticos llevan prometiendo a los vecinos un barrio nuevo, que surgiría de las cenizas de sus casas y de la construcción de 1.104 viviendas. Pero los planes se retrasan año tras año sin que los vecinos vean cumplirse las promesas.

La culpa, de los 'okupas'

Por tercera vez desde que se inició la legislatura, en junio de 1995, el diputado socialista, Juan Antonio. Ruiz Castillo, buscó una reacción del PP a este problema y por tercera vez se encontró con la misma explicación de sus adversarios políticos: en las viviendas viejas se han colado okupas que impiden su derribo.El PP explicó que el Instituto de la Vivienda de Madrid, encargado de gestionar la remodelación del antiguo barrio de Hortaleza, ha interpuesto varios recursos jurídicos para agilizar el desalojo de la decena de okupas. Además, aclararon los populares que nuevos problemas de planificación urbanística han surgido como consecuencia del rechazo de algunos comerciantes al diseño de las nuevas vías del barrio que se elaboró en un principio.

"Son meras excusas", denunció Ruiz Castillo. "Con el Gobierno del PP, la remodelación de la UVA de Hortaleza se ha paralizado definitivarnente". Le siguió en la crítica Juan Ramón Sanz (IU). "Al señor consejero el tema no le importa en absoluto. No ha ido por la UVA de Hortaleza nunca y no ha visto las condiciones tercermundistas en las que viven los vecinos. Los populares aplican una política de total abandono para este problema, mientras que se dedican a sus proyectos de palacios de deportes o parques temáticos".

Mientras los diputados regionales repetían dentro del salón de plenos de la Asamblea de Madrid el debate de otros meses, en la calle de San Bernardo, un centenar de vecinos de Hortaleza gritaban desesperados bajo la nieve por una solución rápida a sus problemas.