El Poder Judicial considera "intolerable" la crítica peneuvista
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó ayer de plano las críticas del PNV a la sentencia del Tribunal Supremo a los 23 miembros de la Mesa Nacional de HB. Su portavoz, Benigno Varela, afirmó que una parte del comunicado del PNV "no puede ser tolerada ni aceptada". Varela subrayó que el "poder judicial no está presionado por ninguna fuerza de índole política ni social" sino que "está demostrando que ejerce con absoluta libertad e independencia la función jurisdiccional que le encomienda la Constitución". Además, Varela defiende que "el poder judicial no presenta síntoma alguno de descomposición". El portavoz del CGPJ emplazó a quien defienda lo contrario a "que ponga los datos sobre la mesa". El magistrado del Tribunal Supremo Roberto García-Calvo, ponente de la sentencia contra los miembros de la Mesa de HB, añadió que "no ha habido ninguna presión" y negó que la resolución tenga carácter político.El Partido Popular criticó duramente las opiniones de su socio de Gobierno. Su presidente en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, aseguró que "no es de recibo" que el PNV "hable de presiones políticas y ponga en entredicho el Estado de Derecho". El portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Andrés Ollero, recordó al PNV que las leyes están para cumplirlas no para cuestionar su oportunidad.
Desde el PSOE, Juan Alberto Belloch, portavoz de Justicia y exministro, reprochó al PNV que legitime los argumentos de HB y asuma el papel de su "abogado defensor". El ex vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra calificó la respuesta del PNV -pero no sólo del PNV- a la sentencia de "hipocresía, insensatez o póliza de seguro de vida". Guerra añadió que "es curioso" que el PNV hable de presiones "cuando su portavoz había presionado en varias ocasiones al Supremo para que declarasen inocentes a los de HB".
La ministra de Justicia, Margarita Mariscal, consideró que el fallo del Supremo es "técnicamente impecable". El titular de Interior, Jaime Mayor, añadió que HB se ha aprovechado sistemáticamente de las posibilidades que otorga el sistema democrático "para actuar en fraude de ley permanente".
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