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Tribuna
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Agenda militar

"España va bien" pero se producen alteraciones innecesarias consecuencia de lo que los ingenieros de comunicaciones llaman la presencia de ruidos en el sistema, entendiendo por ruido todo aquello que obstaculiza el fluir de la información. Además, como explica Norman F. Dixon en su libro Sobre la psicología de la incompetencia militar que tuvo el acierto de traducir la editorial Anagrama, la adquisición de conocimientos supone la reducción de la ignorancia o si se prefiere la reducción de la incertidumbre que se tiene respecto de una determinada situación. De ahí se sigue que un hecho o un vídeo improbable o inesperado contenga más información (es decir, reduzca más incertidumbre) que uno esperado. Pero también que un hecho inesperado sea absorbido con mayores dificultades que uno previsto (Véase en EL PAÍS del 26 de agosto de 1992, página 10, la Ley de la Gravitación Informativa).Hugh Thomas nos previno en The Suez Affair sobre la realidad de que cuanto mayor sea el impacto producido por una información nueva, cuanto mayor sea su novedad, más grande será también la resistencia contra su contenido. Y entre las razones que generan tan peligroso conservadurismo pueden mencionarse tres. En primer lugar, esas informaciones requieren una mayor capacidad de elaboración e interpretación; en segundo lugar, amenazan con el regreso a una situación anterior de incertidumbre insoportable; y en tercer lugar, confrontan a quien toma las decisiones con el desagradable pensamiento de que quizá se haya equivocado. Por eso los responsables tienen tendencia a cerrar los ojos o a concentrarse en otros visionados.

Estas observaciones estuvieron muy presentes en los debates del seminario sobre Las nuevas Fuerzas Armadas y su impacto en la industria europea de Defensa después de Amsterdam, celebrado en Toledo el pasado fin de semana. Allí acudieron, convocados por la Sección Española de la Asociación de Periodistas Europeos, representantes de los Estados Mayores del Ejército, de la Armada y del Aire, directivos de las empresas públicas y privadas suministradoras de los sistemas de armas, diplomáticos de varios países, profesores universitarios, sociólogos, funcionarios de la Comisión Europea y de la Alianza Atlántica, portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión mixta Congreso-Senado encargada de estos estudios, y algunos periodistas especializados.

Las sesiones de Toledo permitieron analizar las reformas emprendidas hacia unas Fuerzas Armadas profesionales a la luz de la vigente Constitución. El profesor David Blanquer expuso las conclusiones de su libro Ciudadano y soldado. La Constitución y el servicio militar, que ha editado Civitas. Blanquer mantiene que el deber genérico de defender a España (artículo 30. 1) para nada se identifica con la obligación de cumplir el servicio militar (artículo 30.2). En su opinión, el primer apartado contiene sólo una habilitación a los poderes públicos para que puedan imponer obligaciones concretas orientadas a la satisfacción de las necesidades de la Defensa Nacinal, ya sean materiales como la requisa de bienes o personales como la prestación del servicio militar.

Nuestro autor se aplica después al análisis del principio de unidad nacional consagrado en el artículo 2 (la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española), que podría debilitarse si la supresión del servicio militar obligatorio acarreara la pérdida de identificación con las Fuerzas Armadas de los ciudadanos de algunas comunidades autónomas en las que los índices de alistamiento voluntario fueran bajos o muy bajos. Pero ese razonamiento equivaldría a depositar en las Fuerzas Armadas la función de vínculo de cohesión nacional y esa función sobrepasa las recogidas en el artículo 8 de la Constitución. El previsible desequilibrio en la procedencia regional de los Ejércitos carecería de relevancia" como tampoco la tiene el que se registra de mallorquines o catalanes en el cuerpo de abogados del Estado o en las filas de la carrera diplomática.

Sucede, sin embargo, que el portavoz parlamentario de CiU, Carles Campuzano, propugnaba que los soldados, en tanto que tales, es decir durante su permanencia en filas, fueran instruidos en las peculiaridades de la nación catalana (formulación ajena a los textos constitucionales) y que el portavoz parlamentario del PNV, Peio Caballero, se mostraba partidario de recuperar una reserva territorial coincidente con la delimitación de Euskadi que, a esos efectos, sustituiría a los territorios forales de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. La agenda militar sólo quedó planteada y volvimos al ruido.

Continuará.

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