Protección a los partidos
Es una manifestación típica de la soberanía la creación de dinero, o, mejor, la sanción jurídica de ese instrumento de cambio, mediante la atribución al mismo de la capacidad de liberar, mediante su entrega, las deudas contraídas. Es muy importante la manipulación del dinero desde el poder soberano, mediante técnicas que afectan a algo tan sustancial como su valor. De ahí que en economías no primitivas cualquier forma de política monetaria es un atributo de la soberanía misma.Muy recientemente se ha llegado a la conclusión, sin embargo, de que es muy peligroso para la colectividad el uso de ese poder de manipulación, y que es mejor no utilizarlo, o, mejor, sólo en cuanto conduzca al mantenimiento del valor del dinero en condiciones de estabilidad, de modo que sea un signo fiable, sin sorpresas en cuanto a los resultados de las transacciones. Y, por tanto, esas políticas se han sacado del ámbito usual para su ejercicio, que es el constituido por los políticos directamente responsables designados en los avatares electorales, y se han transferido a personas más técnicas, independientes de la oscilación electoral, e inasequibles, digamos, a la demagogia y otras urgencias electorales: los gobernadores de los Bancos Emisores. De modo que ese atributo de la soberanía no queda en su ejercicio al margen de las opciones democráticas, pero sí al abrigo de angustiosas presiones partidarias y electorales.
Este tipo de solución, más espectacular en este caso, prolifera bastante en la actual manera de gestionar múltiples cuestiones de interés público, pues, aunque la voluntad política hace milagros y la fe mueve montañas, como se sabe, hay cuestiones inasequibles a la milagrería (i. e. arbitrismo) de los políticos en ejercicio, incluidos los más democráticos, como las leyes de la termodinámica, las asechanzas de la energía nuclear, las leyes del mercado o la de los vasos comunicantes, y así existen áreas de decisión política, también "abrigadas", CNMV, las que afectan a la CNMV, el Consejo de Seguridad Nuclear y otros, que ejercen, sin embargo, funciones públicas de gran trascendencia. Los anteriores son algunos ejemplos de lo que ya se ha hecho, y fijan el camino de lo que se debería hacer con más intensidad en el futuro. Quiero señalar, sólo, algunos capítulos para la meditación.
Están los asuntos de enseñanza en general, muchos de ellos, y también los de investigación. Asistimos, ahora, a un debate sobre el contenido humanístico de ciertas enseñanzas; es sólo un aspecto; parece que los expertos y profesionales merecerían más peso en las decisiones, sin que ello suponga ignorar a los políticos.
Están todas las cuestiones referentes al uso del agua. Y al uso y fuentes de energía, y a las telecomunicaciones; en algunas de éstas ya hay un peso apreciable de organismos profesionalizados, pero todavía en varios puede apreciarse una presencia excesiva de las posiciones de partido. No se trata de despolitizar este tipo de órganos; sería intento antidemocrático y estúpido; es más bien la sustracción de muchos asuntos a las pasiones y veleidades de la contienda electoral, con todas sus extremosidades.
La pérdida de sustancia ideológica de los partidos, determinante de la reducción de las áreas de discrepancia efectiva, hace que la contienda entre partidos sea cada vez más descarnadamente una lucha por el poder en la que (casi) todo vale; también el ejercicio de ese poder, obtenido en luchas despiadadas, se dirige como objetivo primordial a su mantenimiento a (casi) toda costa; lo que hace a los partidos extraordinariamente vulnerables a la demagogia; sustraer acciones públicas a las exigencias de la demagogia electoral es un trabajo meritorio y que agradeceríamos muchos. Las opciones electorales de cada momento ejercerían, lógicamente, su influencia determinante como debe ser en democracia, pero de una manera digamos menos directa, más tamizada por la racionalidad inevitable de las soluciones en cada caso aplicables, y por la dilución temporal de los efectos; ese tipo de órganos no nace de la nada; su legitimación política última ha de ser, y así sería, electoral. Es necesario proteger a los partidos de sí mismos, de su voracidad económica y de dominio inmediato y totalizador, de la de poder de muchos dirigentes que se perpetúan por sistemas de cooptación más o menos corregida y de la de sus seguidores e incondicionales, que no es pequeña, ante el atractivo de los seductores presupuestos públicos. Y nosotros, los ciudadanos también nos tenemos que proteger de los partidos, necesarios, insustituibles, y... hasta terribles. Que nadie se escandalice, ¿pero no tienen que proteger las leyes a los menores hasta de la acción "benéfica" de sus propios progenitores?
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