Los políticos contra la política

No es la política una función muy valorada socialmente. Cierto que los ciudadanos van a votar cuando se les convoca, pero el respeto que impone el poder no impide que el escepticismo y la desconfianza sean los vínculos más usuales entre el electorado y los dirigentes políticos. Sin embargo, a veces da la impresión de que son los propios políticos quienes peor opinión tienen de su oficio. Dos temas de actualidad ilustran el argumento: la excedencia obligatoria para jueces que hagan incursiones en la política y el mito de la independencia de los gobernadores de los bancos centrales. 'Las cuestiones de las que se ocupa la política conciernen a toda la ciudadanía. De modo que la verdadera democracia sería aquella en que los cargos públicos se distribuyeran por riguroso sorteo: única hipótesis en que todos tendrían las mismas oportunidades de ocuparse de los problemas de todos. No hace falta extenderse en las mil razones, de sentido común, que hacen imposible esta idea en la práctica (desde el tamaño de las sociedades hasta la desigual formación y capacidad de cada ciudadano). Para adaptar la democracia a la realidad se estableció el vínculo representativo: cada ciudadano delega su derecho a ocuparse de la cosa pública en un grupo o partido. Con el tiempo, la tendencia ha sido a la profesionalización creciente de la política. Pero, en principio, cualquier ciudadano debería poder dedicarse temporalmente a la política sin menoscabo de su profesión, De hecho, al inicio de la transición vimos, por ejemplo, como algunos curas emprendían el camino de la política, sin que significara forzosamente un camino de no retorno, a pesar de las resistencias eclesiásticas. Sólo los militares, por razones perfectamente explicables viniendo de donde veníamos (es decir, de donde no había otra política que la de los militares), han tenido que acatar serias restricciones a su participación en política. Ahora se legisla sobre los jueces y se penaliza (o se premia) según se quiera ver su dedicación a la política. Todo juez que se sienta tentado por la política deberá tomarse tres años de excedencia pagada.

Dejemos a un lado lo que tiene esta norma de privilegio (para los colegas de la señora ministra que ha propuesto la ley, dicho sea de paso), la picaresca posible que puede generar (ganarse tres años sabáticos yendo de último de la fila en una lista electoral, por ejemplo) e incluso que haya nacido como respuesta a un caso muy concreto (la llaman la ley Garzón). La cuestión de fondo es otra: si se impide a los jueces ejercer su función durante los tres años siguientes a dejar la política es porque se entiende que la política produce unos efectos contaminantes que necesitan de un largo periodo de desintoxicación. Como si todo aquel que pasa por la política se convirtiera en un personaje indigno e irresponsable incapaz de actuar con ecuanimidad.

Los políticos parecen partir del principio de que política y rectitud de juicio están contraindicadas. El mito de la independencia de los gobernadores de los bancos centrales va en esta misma dirección. Los más ilustres políticos (Giscard y Schinidt, por ejemplo, en un artículo publicado en este periódico) coinciden en señalar la importancia de que el gobernador del Banco Central Europeo (como ahora los de los bancos centrales nacionales) sea una persona independiente. Y se presenta esta independencia como una garantía Para la ciudadanía. No entraré en el detalle de las características de esta independencia. Sólo tres preguntas: ¿Independientes de quién? ¿Cuál es el fundamento de la objetividad de sus criterios? ¿Por qué tanto hablar de independencia si franceses y alemanes se pelean por un gobernador de su confianza en el Banco Central Europeo, es decir, independiente pero de los míos? Lo que interesa para el argumento que aquí se expone es que estamos ante una nueva manifestación de autodesconfianza política. Para que una decisión sea generalmente aceptada tiene que llevar la denominación de origen: tomada por un profesional independiente. Es decir, la propia clase política considera que no está en sus modos actuar con criterios de objetividad y de interés general. Un cargo tan decisivo como el de gobernador del banco central escapa, por voluntad política, a los criterios elementales de control democrático. Es patético ver a un ministro de un gobierno elegido democráticamente esperar de rodillas de la generosa independencia del gobernador del banco central una baja de los tipos de interés, por ejemplo. No es con estas renuncias. que se refuerza el prestigio de la política en un momento en que cunde la idea de que el proceso de globalización está sirviendo para que la economía imponga su hegemonía de modo absoluto.

Es fundamental en democracia generar mecanismos y contramecanismos que impidan el abuso de poder. Es bueno que los políticos sean conscientes de su inclinación sectaria. Pero los contrapesos no deberían venir de presuntas independencias (que se definen exclusivamente en relación a la política), sino del buen funcionamiento de los mecanismos de control derivados de la división de poderes.

Y, sin embargo, ni el caso de los jueces ni el caso de los gobernadores es casualidad. Revela que los políticos tienen conciencia de haber abandonado la democracia por el corporativismo. Si se sienten incapaces de defender los intereses de los ciudadanos que representan es porque se impone como primer criterio el interés de grupo, el grupo al que pertenecen. Un político de la oposición me decía recientemente: "El Gobierno del PP es el Gobierno más político de la democracia". ¿Qué entendía por político? Simplemente, que era un Gobierno dispuesto a hacer cualquier cosa, sin reparar ni en proyectos, ni en ideas, ni en valores ni en ideologías, con tal de mantenerse en el poder. Como dice John Ralston Saul, el resultado del corporativismo "es un desequilibrio creciente que nos conduce a adorar el interés propio y a negar el bien público".

Si la democracia se reduce a la lucha por el poder, no es de extrañar que la democracia española haya completado en 20 años el círculo completo de las conductas mafiosas. Y que el chantaje, las violaciones del secreto y de la intimidad, el abuso de poder, las perversas alianzas entre lo político, lo económico y lo mediático, y la difuminación de las fronteras entre lo público y lo privado, estén en el orden del día. Mi pregunta es si los políticos han llegado a tan pobre autoestima por adaptación al medio o si ha sido el corporativismo político el punto de partida de esta degradación de la democracia. La reducción del lenguaje político a la retórica y a la propaganda hace temer lo peor.