Universidad y lucro

LO MENOS que se le debe pedir a una universidad, por privada que sea, es que no sacrifique la calidad de la enseñanza a una necesidad de negocio convertida en desmedido afán de lucro. Porque muy mal negocio es considerar la libertad de cátedra y el rigor docente aspectos secundarios de la actividad universitaria, cuando son ni más ni menos que su fundamento. Al menos para la sociedad que delega en una universidad privada estas actividades capitales para su desarrollo.Una juez de Madrid ha sentenciado que la universidad privada Alfonso X el Sabio ha despedido indebidamente a cinco profesores, a los que acusaba de varias faltas que no ha probado, como escasa dedicación a los alumnos, impuntualidad o críticas a la empresa. Las sentencias desmontan las acusaciones y atribuyen los despidos al hecho de que los profesores no obedecieron la consigna de suspender menos. Además, la juez dictamina que la empresa ha vulnerado el derecho constitucional de la libertad de cátedra. El caso es más amplio. La universidad despidió a nueve profesores y no renovó el contrato a otros 16, la mayoría procedentes de las áreas de Matemáticas y Físicas. Los afectados han asegurado que se les exigió más aprobados para evitar una fuga de alumnos y el consiguiente quebranto económico a la universidad. Es razonable preguntarse sobre la competencia de un profesor que suspende demasiado, pero no lo es pedirle que apruebe para mejorar balances. Eso es cualquier cosa menos enseñanza superior.

No todas las universidades privadas son iguales: las hay buenas, malas y regulares. En conjunto sólo albergan al 4% de los universitarios españoles, pero su proliferación en los últimos tiempos (por otra parte, pareja a la de las públicas) ha provocado una grave preocupación en la comunidad universitaria, hasta el punto de que autoridades y rectores se plantean la conveniencia de modificar la normativa para endurecer los requisitos. No es mala idea para evitar que las universidades creadas con afán de lucro y las basadas en criterios localistas y electorales destrocen el mapa universitario. Pero tampoco estaría mal controlar estrictamente el cumplimiento de las normas vigentes o impedir que cuando la Comisión Académica, del Consejo de Universidades rechace un nuevo proyecto venga luego un Gobierno autonómico y lo apruebe.

Un objetivo fundacional de la Universidad es la investigación, función desempeñada casi exclusivamente por los centros públicos. Aparte de esta tarea, cualquiera puede montar una universidad privada si la concibe como una academia. Eso es malo. Pero es peor que sólo la entienda como un negocio. Acaba siendo un negocio de patas muy cortas.