La negociación del nuevo estatuto de Madrid culmina con nueve discrepancias

VIENE DE LA PÁGINA 3

El nuevo estatuto de autonomía permitirá a Madrid gestionar los servicios de educacion no universitaria y sanidad, ahora en manos de la Administración central. Con esas nuevas competencias, la región alcanzará un presupuesto anual muy superior al billón de pesetas y se situará al mismo nivel que Cataluña o Andalucía.

Durante las negociaciones para aprobar el nuevo estatuto de autonomía, que deberá ser ratificado por las Cortes Generales, la izquierda regional ha puesto sobre la mesa la creación de distintos organismos para aumentar las cuotas de autogobierno de la Comunidad de Madrid. Esos deseos han chocado, de momento, con la negativa del PP De ahí que se hayan tenido que aparcar las siete grandes reclamaciones de Izquierda Unida y el PSOE y hayan surgido otras dos nuevas por cambios introducidos a última hora por el Partido Popular.

Las diferencias que tendrán que resolver los jefes de los tres grupos parlamentarios son las siguientes:

Capitalidad. Los tres grupos parlamentarios no se han atrevido a redactar un nuevo artículo 6 del estatuto, referido a la Ley de Capitalidad de Madrid, pendiente desde hace 10 años y que sigue enfrentando al Gobierno municipal con el de la Comunidad.

Senadores. Izquierda Unida quiere aplicar en Madrid el modelo vasco de elección de senadores autonómicos. A la Comunidad de Madrid le corresponde la designación de cinco senadores, que elige el Parlamento regional entre sus diputados autonómicos. Izquierda Unida pretende eliminar la referencia al artículo 69.5 de la Constitución para que los senadores autonómicos no tengan que ser diputados regionales. El PP y el PSOE parecen unidos en contra de esta propuesta.

Monopolios. La izquierda regional se ha fijado en los estatutos de autonomía del País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Canarias para reclamar que dentro del estatuto figure la posibilidad de reservar en exclusiva para la Comunidad de Madrid la gestión de servicios o recursos esenciales como el agua, la electricidad o los transportes. El Partido Popular ha preferido dejar este asunto aparcado.

Reprobaciones. Los socialistas quieren que el estatuto permita mayor posibilidad de crítica a los consejeros y vicepresidentes del Gobierno regional mediante la técnica de reprobación individual a su gestión en el Parlamento autónomo.

Defensor del Pueblo. Izquierda Unida quiere que la Comunidad tenga su propio Defensor del Pueblo, al igual que ocurre en otras comunidades autónomas. La idea no parece atraer demasiado a los dirigentes del Partido Popular.

Policía autonómica. Izquierda Unida ha rebajado sus pretensiones respecto a la creación en la Comunidad de Madrid de un cuerpo de policía autonómica, aspecto al que renunció Alberto Ruiz-Gallardón desde que se iniciaron las conversaciones sobre el nuevo estatuto de Madrid. La coalición está dispuesta a renunciar a la policía autonómica siempre y cuando se establezca la adscripción de policías nacionales a la protección de edificios de la Comunidad. Hasta ahora, esa función ha sido encomendada a la Guardia Civil. Éste es uno de los aspectos que más enorgullece a Ruiz-Gallardón.

Tribunal de Cuentas. Los socialistas, apoyados por IU, reivindican la creación del Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid, un organismo que ya tienen una decena de comunidades autónomas. El PP reconoce que ésta es la reclamación de la izquierda a la que más difícil resulta oponerse.

Circunscripciones. El artículo 10.5 del nuevo estatuto, consensuado por todos, declara que la circunscripción electoral era la provincial, como hasta ahora. Ruiz-Gallardón pensó dividir la Comunidad de Madrid en 10 circunscripciones electorales y que los ciudadanos eligieran sobre 10 listas distintas. Pero IU condicionó su presencia en las negociaciones a que el PP renunciara a esta idea, porque perjudicaba gravemente a la formación minoritaria, en este caso IU. Se aceptó esta exigencia, pero a última hora se ha retirado el punto referido a la circunscripción única. ¿Será una amenaza del PP para guardarse un as en la manga ante la última partida del estatuto?