Olivencia acusa a Pellón de obstaculizar el control de la gestión de la Expo 92

Manuel Olivencia, comisario general de la Exposición Universal de Sevilla hasta su destitución en 1991, replicó ayer al que fuera consejero delegado y más tarde presidente de la Sociedad Estatal, Jacinto Pellón, que él no fue el responsable último de los contratos suscritos por la Expo. Según Olivencia desde la llegada de Jacinto Pellón, "dotado de amplios poderes ejecutivos", al equipo gestor de la Muestra en 1987, las tareas de control "se hicieron más difíciles". Manuel Olivencia asegura que comunicó la situación al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, y que éste no hizo nada ara solucionarlo.

"Nunca negocié un contrato, ni influí en las decisiones de celebración y ejecución, que eran competencia exclusiva de la Sociedad Estatal", señala Olivencia, que fue comisario de la Exposición Universal desde su nombramiento por el Gobierno socialista, a mediados de 1985, hasta agosto de 1991. En unas amplias declaraciones concedidas únicamente a la agencia estatal Efe, Olivencia agrega que sus directrices respecto a la negociación y ejecución de contratos "eran claras": "Que se respetasen escrupulosamente las normas".Olivencia responsabíliza directamente a Jacinto Pellón de todos los aspectos de gestión de la Sociedad Estatal, así como de obstruir las tareas de control. Según su versión, Pellón le informaba de que los ingresos y gastos de la Expo estaban equilibrados y que se cumplía la directriz de mantener "el llamado saldo cero".

El ex comisario general de la Exposición Universal atribuye a. los responsables del PSOE y de la Sociedad Estatal Expo 92 una "maniobra mal dirigida" para tratar de recordar su presencia en la Comisaría General, "tan olvidada hasta ahora", para intentar atraer hacia él la atención y ampararse en su nombre "como escudo protector" tras las polémica generada por el informe del Tribunal de Cuentas sobre los resultados económicos de la Expo.

"Cesé en el cargo de comisario general hace seis años y medio, antes de celebrarse la Exposición, entre otros motivos por advertir muchas de las cosas que ahora señala el Tribunal de Cuentas", señala Olivencia. "Nada tengo que ver con la formulación de las cuentas fiscalizadas, ni con la alteración, de los criterios contables para convertir pérdidas en beneficios, ni con las indemnizaciones a los cargos... Cuando cesé en el de comisario no percibí una peseta, ni siquiera me dieron una entrada para la Expo", añade.

Manuel Olivencia, que lamenta en las declaraciones concedidas a Efe no poder atender a todos los medios de comunicación que durante estos días le han solicitado entrevistas -este diario ha intentado en reiteradas ocasiones, sin éxito, hablar con él-, subraya que el cargo de comisario era el de representante del Gobierno en la Exposición, "una autoridad sin facultades gestoras". "La otra pieza fundamental en el organigrama era la Sociedad Estatal organizadora, a la que incumbían todas las competencias de gestión", explica. "El comisario ejercía, según las normas, un control sobre la Sociedad Estatal, a través de medios como la propuesta de' nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, órgano supervisor, y a través de auditorías y directrices".

Olivencia relata que durante la primera fase no hubo ningún problema, "pero cuando ya teníamos elaborado el Plan General de la Expo y el Plan Director del Recinto, realizadas las obras de acceso y de explanación, y siempre previo concurso público, a punto de adjudicación las de infraestructura, se me indicó la conveniencia de que para la fase de construcción se incorporase como consejero delegado el señor Pellón".

"Desde su incorporación, en 1987, dotado de amplios poderes ejecutivos, las tareas de control se hicieron más difíciles", continúa el ex comisario, y agrega que, en vista de las dificultades que le planteaba Pellón aumentó los instrumentos de control "introduciendo incluso una auditoría externa".

Como ejemplos de los obstáculos que encontraba para fiscalizar la gestión, Olivencia señala "la resistencia a hacerme entrega de los informes de auditoría interna, bajo el pretexto de que las observaciones formuladas se corregían de inmediato, sin necesidad de que trascendiesen a una autoridad superior, externa a la sociedad". Sin embargo, continúa, el informe del Tribunal de Cuentas indica que "esto no era así, que no se corregían las deficiencias denunciadas".