El Poder Judicial rechaza la rebaja de la edad penal para los terroristas

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estimó ayer que la fijación de la mayoría de edad penal de los terroristas en 16 años que contempla el anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora de la Justicia de Menores, mientras que para el resto la establece en 18 años, es incoherente y de dudosa constitucionalidad. El informe del CGPJ es favorable al resto de la futura ley, con matizaciones, como la de sugerir que se llame Ley Penal.

Sin necesidad de votación, por asentimiento del pleno celebrado ayer, presidido -por enfermedad del presidente, Javier Delgado- por el vicepresidente, Luis López Guerra, el CGPJ asumió el informe de su Comisión de Estudios e Informes en lo relativo a la preocupación "muy especial" que le produce la pretendida exclusión de los jóvenes que incurran en conductas terroristas del régimen general de la mayoría de edad penal a los 18 años. Fijar, como pretende Justicia, la mayoría de edad penal de los terroristas en los 16 años "ofrecería serios reparos de constitucionalidad", afirma el informe.El Consejo razona, además, que "sustraer todo un bloque delictual del régimen penal y procesal generalmente aplicable a los menores de edad es una medida que rompe la coherencia interna del nuevo sistema de responsabilidad de los menores". Recuerda que la Convención de los Derechos del Niño, de 1989, ratificada por España, define al menor, sin, excepciones, "como aquella persona que no ha cumplido los 18 años de edad". Y añade: "Una elevación tal no admite ni recortes ni gradaciones".

El informe del CGPJ indica que la opción adoptada por Justicia en pro de un tratamiento jurídico-penal nítidamente diferenciado del menor respecto del adulto "no permite la aplicación a los menores de una parte del sistema punitivo y de enjuiciamiento aplicable a los mayores". Agrega que, por otra parte, las medidas a aplicar a los menores que incurran en conductas delictivas exigen una previa atribución de competencias "al Juez de Menores, como juez natural" de los menores de 18 anos.

Para obviar esta objeción, el secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Francisco Bueno Arús, propuso recientemente en Vitoria la creación de juzgados de menores en la Audiencia Nacional, órgano judicial competente sobre delitos de terrorismo. Esta iniciativa la descarta el CGPJ implícitamente cuando señala que el derecho al juez legal y predeterminado por la ley obliga a que "también infracciones como las que ahora se pretende sustraer a su conocimiento sean resueltas por los Jueces de Menores, (...) elementos esenciales" del sistema que establece la futura ley.

Tras mencionar abundantes sentencias del Tribunal Constitucional, el órgano de gobierno de los jueces argumenta que "el tratamiento singular de un determinado bloque de infracciones de los menores como si hubieran sido cometidas por adultos, es tanto como tratar igual situaciones radicalmente distintas, que requieren distintas respuestas legislativas".

Amparo a una juez

Por otra parte, el pleno del CGPJ acordó amparar a la juez Ana Revuelta, que se había dirigido al Consejo por estimarse inquietada en su independencia por unas declaraciones del diputado socialista Joaquín Leguina, publicadas ayer en La Vanguardia.En relación con la decisión de esta magistrada de secuestrar un vídeo contra la intimidad de Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, Leguina estimó preocupante que "se presente una denuncia cuando está casualmente de guardia una juez que al parecer es hija de un trabajador del periódico que dirige el denunciante".

La juez Revuelta alegó ante el CGPJ que su padre, Joaquín Revuelta Preciado, secretario judicial, falleció el 31 de agosto de 1982, siete años antes de la aparición de El Mundo, y durante su vida no mantuvo ninguna relación con el mundo periodístico ni, en concreto, con Ramírez. El pleno -del CGPJ acordó amparar a la juez por entender que las imputaciones de Leguina "no responden a la realidad".