El PP pedirá al fiscal del Estado que lleve a los tribunales a los gestores de la Expo

El Partido Popular quiere situar en el terreno de los delitos la actuación de los gestores de la Expo 92. El Grupo Popular anunció ayer que pedirá a los servicios jurídicos del Estado, y en particular al fiscal general, que investiguen si hubo delitos de alteración de balances, falsedad de documentos, ausencia de retenciones en el reembolso de pagarés y en el pago de indemnizaciones a personal de la Expo y, por tanto, responsabilidad civil del Consejo de Administración de la muestra. En el debate parlamentario sobre el informe del Tribunal de Cuentas, los socialistas resaltaron que "no hay ni siquiera rastro de un posible fraude", mientras Izquierda Unida y el PNV consideraron imprescindible abrir una comisión de investigación.

Los populares, Izquierda Unida y el PNV dejaron claro, en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que no van a desaprovechar la ocasión de investigar un asunto de la etapa socialista, una vez que se han constatado numerosas irregularidades y cabe reclamar responsabilidades por ello. Por su parte, Convergència i Unió, aunque compartió la opinión de que las cuentas de la Expo reflejan "un burdo intento de maquillaje" para suavizar una pésima gestión de dinero público, prefirió posponer su pronunciamiento sobre la creación de una comisión de investigación.La presidenta del Tribunal de Cuentas, Milagros García Crespo, ratificó ayer ante la Comisión Mixta que las pérdidas acumuladas de la Expo (1982-1992) se elevan a 35.258 millones de pesetas, tras los ajustes introducidos en la contabilidad presentada por los gestores de la Exposición Universal de Sevilla. Resumió las conclusiones de la fiscalización de las cinco sociedades estatales organizadoras, que ponen de manifiesto el enorme uso de la adjudicación directa, las pérdidas en la contratación de plazas hoteleras y las desmesuradas comisiones pagadas a la empresa que comercializó la marca Expo.

Pero también aprovechó para matizar, frente a las versiones del PP e IU, que el tribunal dispuso de cuanta información estimó necesaria, que las cuentas rendidas no fueron "ilegales" y que la fiscalía y la abogacía del Estado sólo han puesto en duda la legalidad del pago de algunas indemnizaciones a personal de la Expo.

Responsabilidades contables

García Crespo señaló que los cuatro consejeros que han dirigido la fiscalización van a estudiar detenidamente si abren expediente para investigar esas posibles "responsabilidades contables", y precisó que ha enviado el informe al juez Baltasar Garzón y al juez de delitos monetarios, a requerimiento de éstos.El portavoz del Grupo Popular en el debate, Diego Jordano, llevó el asunto hacia el ámbito penal, y responsabilizó de las irregularidades a Jacinto Pellón, consejero delegado y comisario de la Expo, respaldado por Felipe González. Jordano llegó a decir que la diferencia entre la irreprochable gestión de las obras de infraestructura realizadas en Sevilla en torno a la Expo y lo hecho en la isla de la Cartuja se debe a que que en aquéllas hubo un control del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el Partido Andalucista en coalición con el PP, y no hubo "un consejero-delegado".

Jordano afirmó que fueron los socialistas quienes en 1992 dijeron que los beneficios de la Expo eran de 17.000 millones, que en realidad correspondían sólo al balance de ese año. Y subrayó que las deficiencias constatadas por el Tribunal de Cuentas son mucho más graves que meras "discrepancias técnicas sobre criterios contables", como había defendido el portavoz socialista, Sergio Moreno.

Tras destacar que 200.000 millones emitidos en pagarés fueron reembolsados sin aplicar la preceptiva retención, lo que puede entrañar un delito fiscal, Jordano inscribió en una interpretación política las deficiencias de gestión percibidas por el Tribunal de Cuentas y opinó que la presentación de cuentas plurianuales pretendía "aflorar beneficios ficticios".

El portavoz popular apeló a que el desconocimiento, por el momento, de los balance de la sociedad heredera de la Expo (AGESA) -la Mesa de la Comisión decidió que el próximo lunes comparezca el presidente de AGESA para que aporte los balances de esa sociedad desde 1993- impiden conocer aún "lo que ha costado la gestión de Pellón". Jordano sostuvo además que la excesiva valoración de inmuebles permitió restringir las pérdidas, y acusó a los gestores de rectificar criterios contables para alterar el resultado de las cuentas.

Como conclusión, matizó que el PP apoyará la creación de una comisión de investigación si se delimita nítidamente su alcance, y anunció que pedirán que dicha comisión parlamentaria inste a la Fiscalía General del Estado a que investigue los delitos a su juicio cometidos. Si no lo hace la comisión, lo hará directamente el PP, aunque no concretó cómo.

'Cultura del pelotazo'

Izquierda Unida presentó la gestión de la Expo como "la culminación de la cultura del pelotazo". Su portavoz, José Luis Centella, afirmó que la muestra "no fue una oportunidad de desarrollo, sino una excusa para que unos pocos hicieran negocio con dinero público". Tras poner a salvo de cualquier sospecha a los empleados, "que trabajaron con ilusión", arremetió contra quienes se aprovecharon de que "la isla de la Cartuja fuera un paraso de la especulación y el negociete". Para sostener que ha habido quien "se ha llevado dinero de la Expo" mencionó el pago de indemnizaciones, que según la fiscalía del Tribunal de Cuentas no tenían por qué ser abonadas.El portavoz de CiU, Salvador Carreras, evitó formular acusaciones de delitos, pero dijo que, a su juicio, ha habido "un burdo intento de maquillar" una muy mala gestión de dinero público. Por tanto, "hay mucho más" que divergencias de criterios contables. Carreras reconoció, a diferencia de IU, que la Expo cumplió su cometido, y benefició a Andalucía. "Por eso mismo", matizó, "se requería una gestión escrupulosa, y no ha sido así".