Antonio Herrero reinicia en Marbella las obras impugnadas por la Junta andaluza

La promotora Incopromar, propiedad de Antonio Herrero, periodista de la Cope, ha reiniciado en Marbella (Málaga) las obras de excavación del solar donde proyecta levantar un edificio de diez plantas a pesar de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sólo permite cinco y se incluye una zona verde. Los trabajos se realizan después de que la Junta andaluza impugnara la licencia, concedida por la corporación que preside Jesús Gil, y acordara anotar en el Registro de la Propiedad el recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para anularla.El letrado del PSOE, José Carlos Aguilera, anunció ayer que su grupo presentará una querella contra la promotora por infringir la ordenación del suelo y que solicitará la paralización cautelar de las obras "para evitar los efectos del delito de ejecutarlas en una zona pública". El solar, de 1.141 metros cuadrados, donde se llevan a cabo incluye una zona verde pública, de 226, adquirida a la alcaldía por 12,5 millones de pesetas.

El Gobierno local, que cuenta con 19 de los 25 concejales, acordará hoy en un pleno la aprobación provisional del nuevo PGOU, en el que se incluyen unos 500 convenios urbanísticos, entre ellos el de Incopromar, en los que se acuerda conceder más edificabilidad o recalificaciones a cambio de inmuebles o dinero. El PSOE ha solicitado el aplazamiento de esta sesión ante la inexistencia de informes técnicos sobre el millar largo de alegaciones presentadas por vecinos y colectivos y de las que sólo 200 se estimaron.

La licencia de obras del solar del periodista en la avenida del Mar fue concedida el pasado 4 de julio en la comisión municipal de Gobierno, formada únicamente por concejales del GIL. La consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía impugnó el 2 de octubre último este permiso al entender que la ejecución de las obras en una zona verde y un vial "conlleva la privación del uso por parte de los ciudadanos de un elemento de carácter público al que la legislación urbanística atribuye especial protección". La Junta advierte que si la licencia es anulada por el TSJA "acarrearía daños de muy difícil reparación" en los que "podrían verse afectados los adquirientes de las viviendas".