El Gobierno liberalizará la distribución de gas en 10 años
El Gobierno español quiere abrir completamente el mercado de la distribución de gas en un máximo de 10 años, según el secretario de Estado de Energía, Nemesio Fernández-Cuesta. El ejecutivo confía en que los ministros europeos del ramo alcancen un acuerdo definitivo el 8 de diciembre para extender la apertura de mercados a toda la Unión Europea. España defiende que los Estados se reserven el derecho a limitar la construcción de gasoductos en las regiones en las que el gas tiene escasa implantación.La Comisión Europea promueve la apertura en tres fases: 28%, 40% a los cinco años y 45% a los 10 años de entrada en vigor de la directiva. Para ello propone que todo el gas consumido para la generación de electricidad y todas las empresas industriales con un consumo superior a los 25 millones de metros cúbicos anuales tengan derecho a importar gas libremente. Posteriormente se ampliaría el campo a los consumidores de más de 15 millones y luego a las de más de 5 millones de metros cúbicos anuales.
España acata estas cifras porque significaría abrir el mercado nacional en un 29% en la primera fase, inferior al 39% actual, según los datos de FernándezCuesta. Pero los Quince aún no han alcanzado un consenso, al menos de modo oficial. Francia, Bélgica e Italia bloquearon esta semana el acuerdo en el consejo de ministros europeos de Energía. Pero todo indica que el acuerdo sí será posible en diciembre. Para entonces las posiciones francesas pueden ser más flexibles porque ya se habrán celebrado las elecciones sindicales en la empresa pública Gaz de France.
Hubo acuerdo en que la apertura del mercado se haga de modo gradual (el porcentaje finalmente adoptado se podrá alcanzar al final de cada periodo) y en que los países que ya lo superen podrán cerrar el mercado como máximo 10 puntos por encima de la cifra objetivo. Es decir, si se adopta un objetivo del 28% y un país tiene ya abierto el mercado en un 45%, podría cerrarlo hasta dejarlo en el 38%. También hubo acuerdo en que la autorización de los contratos con cláusulas take or pay (compras masivas a largo plazo) que se cierren con posterioridad a la aprobación de la directiva deberán ser autorizados por los Estados miembros, aunque éstos están obligados a informar a la Comisión Europea.
Si Bruselas discrepa los podrá denunciar ante el Tribunal de Luxemburgo, pero hasta entonces prevalecerá la decisión de cada Estado y el contrato seguirá en vigor.
Las posiciones se acercaron, aunque no tanto, en cuanto al grado de apertura del mercado, que probablemente oscilará entre el 23% y el 25%. Francia es el país que plantea mayores problemas en este plano, porque la preponderancia de energía nuclear en ese país le obliga a abrir el mercado a empresas que consuman menos de 25 millones metros cúbicos al año para alcanzar el 28% de mercado abierto que propugna Bruselas.
El problema de las regiones emergentes es uno de los que más preocupan a las autoridades españolas. No hay acuerdo para alcanzar una definición sobre qué es una región emergente. Sólo parece claro que todo Portugal y toda Grecia, con tasas muy débiles de penetración del gas, permanecerán exentas del cumplimiento total de la nueva directiva. Pero España, Suecia, Finlandia, Irlanda y en parte Alemania quieren proteger algunas regiones con tasas bajas de penetración del gas. Fernández-Cuesta defiende que cada Estado se reserve el derecho a autorizar un solo gasoducto durante diez años en estas zonas.
