El director del Cesid intentan tranquilizar a los agentes secretos ante el juicio de las escuchas

El director general del Cesid, Javier Calderón, ha difundido una nota interna para tranquilizar a sus 1.700 agentes ante el próximo juicio por las escuchas del servicio secreto. Calderón reconoce que el procesamiento de seis funcionarios del centro, tres de ellos en activo, ha generado una "inquietud generalizada" en el Cesid. La nota omite pronunciarse sobre la ilegalidad de las escuchas o las responsabilidades del ex director del Cesid Emilio Alonso Manglano y del ex jefe operativo Juan Alberto Perote, pero defiende a los funcionarios que se limitaron a "cumplir con su deber".

La decisión de la titular del Juzgado de Intrucción número 43 de Madrid, Ana María Pérez Marugán, de ordenar la apertura de juicio oral -fórmula equivalente al procesamiento en el procedimiento abreviado- contra todos los miembros del antiguo Gabinete de Escuchas del Cesid ha caído como un mazazo en el servicio secreto. Hasta el punto de que su máximo responsable, Javier Calderón, se ha sentido obligado a difundir una nota interna para serenar los ánimos.Aunque los antiguos miembros del centro que se sentarán en el banquillo para responder de un presunto delito de interceptación de comunicaciones privadas -penado con hasta seis meses de arresto e inhabilitación- son ocho, la circular de Calderón evita pronunciarse sobre el comportamiento de Manglano y Perote y se refiere únicamente a los seis funcionarios del Gabinete de Escuchas que, afirma, se limitaron a "cumplir con su deber".

La circular reconoce la "sorpresa" con que se ha recibido la decisión de la juez -sobre todo, porque el fiscal se limitó a acusar a Perote, exonerando a los demás- y la "inquietud generalizada" que ha provocado entre los miembros del Cesid. Para paliarla, Calderón anuncia que dichos funcionarios tendrán "todo el respaldo" del centro y expresa su confianza en que serán finalmente exonerados de toda responsabilidad.

El director del Cesid también explica a sus subordinados que ha advertido al Gobierno sobre las "repercusiones para la operatividad del centro" que puede tener una decisión como la que ha adoptado la juez.

Un alto cargo del Ministerio de Defensa explicó que no se trata de defender la "obediencia ciega" y que los funcionarios no pueden escudarse en el cumplimiento del deber cuando reciben órdenes delictivas. Recordó, sin embargo, que la propia juez archivó inicialmente el caso por considerar que no había delito. "No se puede pedir a una secretaria que sea capaz de dilucidar la legalidad de una orden que ofrece dudas incluso a los propios jueces. Ningún servicio del mundo puede funcionar si los agentes se arriesgan a sentarse en el banquillo por cumplir las órdenes de sus superiores", agregó.