¿Qué hubieran dicho?
EL ESTATUTO vasco ya es mayor de edad: hoy se cumplen 18 años desde su aprobación en referéndum. Lo que entonces era una apuesta se ha consolidado y es aceptado con normalidad incluso por los sectores de la derecha más reticentes a la autonomía política. Paradójicamente, de las fidas nacionalistas han surgido últimamente algunas confusas iniciativas que cuestionan el Estatuto de Gernika.La idea de dar una solución autonómica al problema vasco se planteó por primera vez en 1917. Entonces sólo la defendían los candidatos del PNV. En los años treinta, la influencia de Prieto hizo que el PSOE se sumara a esa fórmula, y el resultado fue el estatuto vasco de 1936. Con ese antecedente, PNV, PSOE, PCE y varios partidos menores firmaron en vísperas de las elecciones de junio de 1977 el llamado Compromiso Autonómico, por el que se comprometían a elaborar un proyecto de estatuto. Tras las elecciones se constituyó la Asamblea de Parlamentarios Vascos, que incluyó a los diputados y senadores de UCI), pero no a los de Euskadiko Ezkerra (EE), ni tampoco, por razones opuestas, al único diputado electo de Alianza Popular (AP). Los primeros acabarían sumándose al proceso y pedirían el voto afirmativo en el referéndum del 25 de octubre. Finalmente, ya en los años ochenta, también lo asumiría AP. El gran éxito del nacionalismo consiste en haber logrado que lo que nació como proyecto de una minoría se convirtiera en algo compartido por la inmensa mayoría; concreta mente, por todas las fuerzas de la plural sociedad vasca excepto quienes respaldan la violencia de ETA.
Por eso, cabe preguntarse qué pensarían los nacionalistas que dieron vida al Estatuto de Gernika. sobre los más recientes intentos de deslegitimarlo. Qué pensaría Ajuriaguerra, principal dirigente del PNV en la clandestinidad, de afirmaciones como esa de que el estatuto es "una trampa del centralismo" para frenar el autogobiemo, escuchada el pasado domingo en Gernika. El Gobierno vasco tiene Hacienda propia, una, policía autonómica de 7.000 agentes y dos cadenas de televisión, y gestiona un presupuesto de un billón de pesetas (en 1996). ¿Estarían de acuerdo los Irujo, Isasi, Bandrés o el mismo Arzalluz de entonces con el secretario general del sindicato nacionalista ELA cuando afirma que "el estatuto está muerto"? Además, ¿no resulta contradictorio convocar una movilización por el cumplimiento íntegro del estatuto y a la vez proclamar su defunción?
De las cosas incomprensibles que ocurren en Euskadi, ninguna lo es tanto como el pacto que mantiene ELA con el sindicato LAB, expresión sindical del mundo de ETA-HB. Sobre todo, después de que ETA haya asesinado a varios afiliados suyos, funcionarios de prisiones y ertzainas; el último, la semana pasada. Incapaz de responder a quienes le reprochan esa incongruencia, el secretario general, José Elorrieta, se ha lanzado a una huida hacia adelante destinada a defenderse como sea: ese pacto no sólo no es un error, sino el germen de la futura unidad nacionalista de la que saldrá la paz. Esa unidad no se producirá en tomo al estatuto, que ha sido vaciado de contenido por los centralistas, sino a una alternativa... que no se sabe en qué consiste. Tan sólo que en ella se reconocerán todos los nacionalistas. Es decir, los nacionalistas democráticos y aquellos que, según definición de Xabier Arzalluz, practican "un fascismo de libro" (y les queman las sedes los fines de semana).
No es de extrañar que HB se sumara de inmediato a una iniciativa abiertamente contradictoria con el compromiso de aislamiento de quienes respaldan los crímenes de ETA y los desmanes de su frente de juventudes. Es, sobre todo, una apuesta por lo desconocido y la confusión: lo que más favorece la estrategia de deslegitimación de las instituciones desplegada por ETA y HB para justificar su recurso a métodos violentos. Algunas voces nacionalistas significativas, como las de Ardanza o Anasagasti, se han desmarcado de la descalificación sumaria del estatuto, pero la dirección del PNV ha jugado claramente con dos barajas, contribuyendo a aumentar el desconcierto. Un sector de ese partido defiendió el pacto de ELA con LAB con el argumento de que ello favorecería la sindicalización de la central abertzale. Tres años después, el resultado es el inverso: la politización de ELA, y precisamente en tomo a los temas propuestos por el mundo radical: autodeterminación, descalificación del estatuto, acercamiento de los presos de ETA...
La peor de las hipótesis sería que esa dinámica se trasladara ahora a los partidos: que, en su afán por agradar a HB, los nacionalistas renunciaran al estatuto sin tener una alternativa realista, abriendo paso a la desestabilización que busca ETA para imponerse. ¿Qué hubieran dicho Ajuriaguerra y los demás de semejante perspectiva?
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