Un alto cargo de Justicia propone un Juzgado para jóvenes violentos en la Audiencia Nacional

El secretario general técnico del Ministerio e Justicia, Francisco Bueno Arús, propone la creación en la Audiencia Nacional,con carácter transitorio, de un juzgado especial para enjuiciar las conductas terroristas cometidas por menores de 18 años. Esta salida, definida por Bueno Arús como "híbrida", sería una fórmula "intermedia" entre la rebaja de la edad penal de 18 a 16 años para los autores de conductas terroristas que propone Justicia, y la opinión de los juristas, que consideran inconstitucional introducir en el Código Penal esta excepción que creen discriminatoria.

"Desde un punto de vista científico, si se hace una ley distinta del Código Penal por criterio de la edad, lo deseable sería que se mantuviera en todo caso el criterio de transitoriedad", señaló el secretario técnico de Justicia, que participó esta semana en unas jornadas sobre menores infractores celebradas en Vitoria.Bueno Arús manifestó que la excepcionalidad sólo puede ser defendida "desde un punto de vista político". Añadió que si tiene que haber un apartado diferenciado para estos delitos graves por la existencia de una situación política especialmente conflictiva, lo deseable es que esta conflictividad "pueda relajarse lo suficiente como para hacer desaparecer esta excepcionalidad".

Pendiente del Poder Judicial

El proyecto de ley orgánica de Justicia de Menores, pendiente del informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), modifica el artículo 19 del Código Penal y rebaja de 18 a 16 años la edad mínima para conductas relaciona das con el terrorismo. Esta pro puesta ha sido rechazada por amplios sectores políticos -PNV y CiU especialmente- y jurídicos, al entender que esta excepción podría ser inconstitucional, además de contraproducente desde el punto de vista social y político.Un miembro del CGPJ consultado por EL PAÍS señaló que la hipotética creación de un órgano judicial para juzgar a los menores en la Audiencia Nacional "seguiría manteniendo una excepcionalidad que vulnera el principio de universalidad de las penas" avalado por la Constitución. La línea "dura" que propugna la rebaja de la edad penal para los jóvenes encausados por delitos conexos con el terrorismo y su consiguiente procesamiento por la Audiencia Nacional, sustentada por el Ministerio de Justicia y el PP, estuvo respaldada inicialmente por responsables del Departamento vasco de Interior.

El rechazo generalizado que acompañó a este planteamiento ha propiciado, según fuentes del CGPJ, una. posición más "fexible" por parte de Justicia. Las medidas más duras previstas en el proyecto de ley para los comportamientos violentos de los menores pueden reportar un internamiento de cinco anos, seguido (te una libertad vigilada de otros cinco años.