La Administración se da tres meses de plazo para resolver peticiones

La Administración tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver las peticiones de los ciudadanos, aunque por vía reglamentaria se podrá ampliar a seis meses en algunos casos, y sólo por ley podrá establecerse un plazo mayor. Asimismo, prevalecerá el silencio positivo de la Administración, esto es, cuando no se produzca una respuesta a las solicitudes ciudadanas se supone que es favorable a éstas. Sólo por ley se regulará cuando la respuesta de la Administración es negativa.Ambas cuestiones aparecen recogidas en el anteproyecto de modificación de la ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regula las relaciones entre la Administración y los ciudadanos y que ayer, tras ser estudiada por el Consejo de Ministros, ha sido remitida por el Gobierno al Consejo de Estado. El informe lo presentó Mariano Rajoy, ministro de Administraciones Públicas.

Rajoy argumentó la modificación de una ley tan reciente porque la regla general del "silencio positivo" de la Administración, que contemplaba la ley 30/1992, se había transformado en la excepción. " Ha tenido tantas excepciones la regla general, que lo ha sido en el 70% de los casos", dijo el ministro.

El anteproyecto contempla recuperar el recurso de reposición, por el que se puede recurrir ante el mismo órgano, que dictó el acto administrativo antes de acudir al tribunal contencioso administrativo. Rajoy manifestó que los principios que deben guiar el funcionamiento de la Administración son los de "buena fe, confianza legítima de los ciudadanos en, que la actuación de las administraciones no será modificada y lealtad institucional.

Otros acuerdos del Consejo de Ministros:

Reales decretos: Regulada la composición y funciones del Consejo Asesor de Comercio e Inversiones Exteriores; regulada la deducción por inversiones destinadas a la protección del medio ambiente; nueva regulación de los productos cosméticos.

Acuerdos: Concedida la extradición, solicitada por las autoridades de Suiza, del nacional suizo Dieter Mueller; autorizadas nuevas inversiones en el ferrocarril Barcelona-Port Bou por valor de 4.000 millones; convenio de colaboración con la ciudad de Melilla para construir 438 viviendas por valor de 2.200 millones; autorizado un compromiso de gasto por valor de 3.700 millones para construir una biblioteca del Estado en Barcelona; autorizadas tres inversiones extranjeras en España por valor de 1.555 millones de pesetas; autorización a la Junta de Andalucía para concertar un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones por valor de 5.000 millones de pesetas.