CiU se opone a que la excedencia forzosa de los jueces que ocupan cargos políticos tenga carácter retroactivo

Convergéncia i Unió se opondrá en el Congreso a que se aplique con carácter retroactivo la excedencia pagada de tres años que establece la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para los jueces que, tras desempeñar cargos públicos por elección o designación directa, regresen a la Administración de Justicia. El Senado introdujo el miércoles el carácter retroactivo de esta excedencia, con lo que sería aplicable a jueces que ahora mismo desempeñan cargos públicos, y no sólo a aquellos que estén en esta situación cuando entre en vigor la reforma. La retroactividad fue apoyada únicamente por el PP -los populares son mayoría absoluta en el Senado-, y el Grupo Catalán exige una vuelta a la redacción original aprobada por el Congreso, que condicionaba la excedencia a la fecha de entrada en vigor de la reforma.Ignasi Guardans, diputado de CiU, afirmó ayer que la actitud de su grupo parlamentario no es improvisada sino que ha sido muy debatida y meditada. "La regla de oro", explicó Guardans, "es que aquello que afecta a la situación de las personas que ahora desempeñan cargos públicos no debe regularse con carácter retroactivo".

El PSOE insistió, a través del senador Joaquín Galán y de la diputada María Teresa Fernández de la Vega, en que se trata de una disposición "a la medida" de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, que según ellos quiere evitar volver al Juzgado de Primera Instancia de Madrid en el que ejercía sus funciones antes de llegar al Gobierno. Sin embargo, la ministra declaró en Valencia que si la medida le beneficia "tanto como dicen, no se entiende que sea tan criticada por su dureza desde otros sectores del Parlamento". Mariscal de Gante añadió que la excedencia forzosa es "una demanda social requerida para el juez que accede a la política" pero que "no es una situación favorable, como se evidencia por el hecho de que por la mera situación de incorporarse a una lista electoral se les aplique dicha medida".

El PSOE, sin embargo, entiende que eso abre un portillo para jueces poco escrupulosos a los que bastaría colocarse en una lista electoral, en un puesto que diera seguridades de no ser elegidos, para poder disfrutar de tres años de vacaciones con sueldo a cargo de los Presupuestos.

Las fuentes consultadas en el Parlamento no pudieron precisar ayer a cuántas personas podría afectar la norma en este momento, si resultase definitivamente aprobada. Además de la ministra, en el Congreso hay tres diputados jueces, el ex ministro Juan Alberto Belloch, la ex secretaria de Estado de Justicia María Teresa Fernández de la Vega y Joaquín Íñiguez, magistrado y diputado por Albacete.

El portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso, Andrés Ollero, acusó a los socialistas de actuar con "auténtica vileza" por acusar a la ministra de intentar fabricarse una norma a su medida. "Aplicar esa caricatura a la ministra me parece una auténtica vileza porque Mariscal de Gante ha tenido la gallardía de empeñarse en ese efecto retroactivo de la medida para que le afecte a ella y que no se pueda decir que ha hecho una ley endureciendo la situación para aquellos jueces que han pasado al ámbito político".