EL 'CASO GAL'

36 millones de indemnización para la víctima

El fiscal José María Luzón pide una indemnización de 36 millones de pesetas para Segundo Marey, que deberán pagar conjunta y solidariamente los procesados y de la que se hace responsable civil subsidiario al Estado.La abogada del secuestrado, Olga Tubau, manifestó ayer a Servimedia que la petición de 23 años de prisión para Barrionuevo y Vera le parecía "lógica". La letrada dijo que todavía no ha estudiado la tipificación de los hechos ni las penas que se pueden pedir, pero aseguró que la calificación que pueda hacer no será demasiado diferente de la que ha realizado el fiscal. No obstante, indicó que puede haber alguna discrepancia en la cuantía de las indemnizaciones, pues considera insuficientes los 36 millones solicitados por el fiscal.

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El fiscal acusa a los procesados del caso Segundo Marey de un delito de pertenencia a banda armada del Código Penal de 1973, cuya aplicación considera más beneficiosa que la del Código Penal de 1995. Sin embargo, al calificar los delitos de la detención ilegal de Marey y la malversación de caudales públicos, el fiscal elige el Código de 1995.

Como prueba testifical, el fiscal propone la declaración del coronel Juan Alberto Perote, ex jefe operativo del Cesid, del secuestrado Segundo Marey y del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán. Este último estuvo imputado en el sumario, pero finalmente no fue procesado por el juez Baltasar Garzón. Roldán era delegado del Gobierno en Navarra la noche del secuestro de Marey y habló con Vera, que le dijo que no hiciera nada.

El fiscal Luzón no pide en su escrito la declaración testifical de Felipe González, Narcís Serra y José María Benegas, aunque ésta previsiblemente será propuesta por otras acusaciones a las que representan el abogado de HB Miguel Castells, y el letrado de la acción popular, José Luis Galán.

Barrionuevo, Vera, Álvarez, Planchuelo y Amedo deberán pagar, según la petición del fiscal, un millón de francos al valor del cambio medio del último trimestre de 1983, por el dinero procedente de los fondos reservados utilizado para el secuestro.

Manuel Cobo del Rosal, abogado de Vera, no se mostró muy sorprendido, en declaraciones a Europa Press, por la petición del fiscal, y aseguró que "era de esperar esa petición ya que por pedir, que no quede".

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 16 de octubre de 1997.

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