HB solicita trasladar su juicio al País Vasco para "evitar presiones" sobre los magistrados

El juicio a los 23 dirigentes de Herri Batasuna (HB) arrancó ayer con la exposición de una quincena de "cuestiones previas" por los defensores de los acusados, entre ellas la propuesta de Kepa Landa de que el Tribunal Supremo se traslade al País Vasco Para juzgar los hechos allí y evitar la "presión intolerable" que actualmente ejercen sobre los magistrados "el Ejecutivo y los medios de comunicación". Alternativamente, Landa pide la suspensión del juicio hasta que se restablezca un "contexto social" que permita juzgar "con garantías" a los acusados. Dentro de ellas, exige conocer la identidad de dos guardias civiles propuestos como testigos por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

La primera sesión del juicio contra la dirección de HB, acusada de colaboración con ETA, se celebró en un ambiente de absoluta nomalidad, si se exceptúa el espectacular dispositivo de seguridad desplegado en torno al Tribunal Supremo, que, al igual que la semana pasada, incluyó cortes de calles e identificación de los viandantes que tenían que transitar por la mismas. Esta vez no hubo concentraciones de la ultraderecha.La vista se prolongó durante tres horas y media, tiempo que aprovecharon los defensores de HB para exponer hasta una quincena de supuestas violaciones de los derechos fundamentales de los acusados, que habrían dejado a éstos en una situación de "indefensión absoluta".

La sesión evidenció que los más veteranos abogados del destacamento jurídico de HB, fogueados durante decenios en procesos de terrorismo y especialistas en alegar vulneraciones de derechos fundamentales, han desmenuzado la causa en busca de cualquier resquicio que les permita invocar la nulidad del proceso por defectos de forma en la instrucción.

Así, junto a peticiones más o menos retóricas sobre las supuestas "presiones" alegadas por Landa, otros abogados formularon reparos menos espectaculares, pero de mayor alcance procesal. Por ejemplo, Jone Goiricelaia alegó la nulidad de las actuaciones a partir del momento en que se recondujo el proceso por los trámites del "procedimiento abreviado", en vez de tramitarse como "sumario ordinario", por ser éste el adecuado a las penas reclamadas por la Asociación Víctimas del Terrorismo.

José María Elosúa pidió que se ordenase abandonar la acusación al Partido Socialista de Euskadi por falta de legitimación al no aparecer ningún documento que acredite su personación en el proceso.

En otro turno posterior, Elosúa pidió la nulidad de las actuaciones a partir de la acusación del fiscal, por no haberse tomado declaración al acusado Jon Idígoras por tres de los hechos de los que se le acusa, relativos a la difusión de dos cintas magnetofónicas y los comunicados de HB sobre "la muerte" del abogado Fernando Múgica y del ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.

Íñigo Iruin combatió la decisión de la Sala Segunda de admitir como prueba el testimonio de dos miembros de la Guardia Civil propuestos por Víctimas del Terrorismo. Dichos agentes son autores de un informe de más de 3.000 folios sobre presuntas vinculaciones de HB con ETA y fueron recusados el pasado lunes por los abogados de la coalición como peritos del proceso. La AVT declinó presentarles como peritos pero pidió su declaración como testigos.Iruin pidió que no se acepte su declaración como testigos y, si se acepta, que no se proteja su identidad como pide el ministerio fiscal. Según este abogado, el "temor a sufrir represalias" aducido para aplicar la Ley de Protección de Testigos no pasa de ser una "concesión retórica" del fiscal y vulnera el derecho de sus detenidos al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Landa se extendió en dar lectura a titulares de prensa sobre declaraciones del presidente del Gobierno y el ministro del Interior sugiriendo, según él, una sentencia condenatoria y reportajes sobre el juicio para poner en duda la "imparcialidad objetiva" del tribunal en un ambiente de "presión indignante". Acabó pidiendo la suspensión del juicio hasta que se dé un "contexto social" adecuado o que éste se celebre en el País Vasco.

La defensa renunció a 14 de los 25 testigos que había propuesto, entre ellos el ex número 1 de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, pero a cambio pidió el testimonio de otros tres y la incorporación, como prueba pericial, de un informe del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y otro de un miembro del Sinn Fein.

Por último, Iruin pidió que se aceptase la incorporación como prueba documental de una exhaustiva relación de folletos de HB y soportes de prensa y radio tendentes a demostrar que HB había intentado explicar la "alternativa democrática" de ETA desde al menos diez meses antes de la difusión del vídeo electoral.