Lucas reduce su poder de decisión sobre inversiones de las cajas

La Junta de Castilla y León y las cajas de ahorros de la comunidad han elaborado un nuevo principio de acuerdo sobre inversiones estratégicas en la región que, en la práctica, supone una reducción del poder de decisión del Ejecutivo que preside Juan José Lucas respecto al documento inicial.El borrador del nuevo acuerdo, un documento de tres páginas con cinco artículos, recorta la cantidad de recursos propios puros que una caja debe destinar a un proyecto concreto, elimina el derecho de veto de la Junta castellanoleonesa, introduce la mayoría cualificada para la adopción de acuerdos, fija nuevos criterios que garantizan una mayor rentabilidad de las inversiones y eleva de 5.000 a 8.000 millones de pesetas el tope máximo de una inversión sobre la que debe decidir la Comisión Mixta de Inversiones Estratégicas (CMIE), en la. que están presentes la Junta y las entidades.

El nuevo texto mantiene que las cajas deberán destinar al proyecto que se elija un máximo del 80% de sus recursos propios. Sin embargo, introduce una novedad vital. Ese 80% no será sobre los recursos propios totales, sino "los recursos básicos según el concepto de los mismos previstos en el estado R-2 del Banco de España", de acuerdo con lo que recoge el documento.

Esta enrevesada definición técnica supone que de los recursos propios puros se descuenten partidas como emisiones subordinadas, obra social y actualización de activos. En la práctica, y según los cálculos efectuados por las cajas, ese cambio de criterio supone disponer de unos 150.000 millones, alrededor de 20.000 menos que con la fórmula inicial.

Este maquillaje beneficia a las dos mayores entidades de la región, Caja España -que tiene dos emisiones de deuda subordinada- y Caja Duero, por la actualización de activos.

Cambio cualitativo

El nuevo documento establece, además, dos importantes cambios cualitativos. En primer lugar, desaparece el mecanismo por el que la Junta de Castilla y León se guardaba la posibilidad de vetar cualquier acuerdo que adoptara la comisión mixta.

En segundo lugar, se fija una mayoría cualificada para aprobar los acuerdos de inversión en la comisión mixta (de cinco sobre siete o de seis sobre ocho, en el caso de que participen las cajas rurales). En el anterior articulado, la Junta y una de las cajas grandes podían imponer al resto la decisión, porque se establecía una votación ponderada.

El documento, cuya versión final será redactada por Ernst & Young, deja en manos de la comisión mixta inversiones de hasta 8.000 millones de pesetas, cuando el límite anterior era de 5.000. Las inversiones superiores deberán contar con el visto bueno de los consejos de las entidades. El sector agroalimentario, especialmente el azúcar, es uno de los principales objetivos del proyecto de inversión de la Junta.