La Fiscalía formula nueve preguntas sobre la masiva recalificacion de terrenos en Aravaca

La Fiscalía de Madrid quiere saber si hubo comercio de información -privilegiada y tráfico de influencias en el caso Gran Aravaca (la masiva recalificación de terrenos llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid en este barrio madrileño con motivo del cierre de la M-40). Por eso, la Fiscalía ha hecho llegar al juzgado que investiga este caso, el número 4 de Madrid, un escrito con ocho cuestiones para que los peritos que ya trabajan en el tema y que tienen orden de elaborar un informe intenten aclararlas. La recalificación de terrenos ha generado millonarias plusvalías para algunas personas.

El juzgado que instruye el caso Gran Aravaca ha vuelto a reactivar la investigación, ralentizada en los últimos meses a raíz del traslado a la Audiencia Provincial de Madrid de la anterior magistrada titular. Ahora, un nuevo juez ha tomado el relevo en la investigación.El caso Gran Aravaca recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid merced a una denuncia por tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada y prevaricación que presentaron los vecinos de este barrio en junio de 1996. Los vecinos, molestos porque el cambio urbanístico significaba de hecho multiplicar la población de un barrio ya de por sí carente de infraestructura, investigaron por su cuenta. Y comprobaron que algunos de los beneficiarios de la recalificación habían adquirido terrenos en la zona poco tiempo antes de que el Ayuntamiento, del PP, diera luz verde al cambio de planes para permitir la construcción de muchas más viviendas que las previstas inicialmente.Por eso acudieron al juzgado y presentaron una denuncia contra nueve propietarios de esos terrenos. Denunciaron a José Manuel Bartolomé, esposo de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino; a Juan Luis Canadell Fernández (ingeniero de caminos de Dragados y Construcciones, empresa que construyó la M-40 a su paso por Aravaca); a Mariano Cañas Fuentes (ingeniero del Ministerio de Fomento), y a Clemente Solé Parellada (director de la Caja de Caminos), entre otras personas.

Investigación

El Ayuntamiento pagó las expropiaciones para hacer la M-40 permitiendo a los afectados que aumentaran la edificabilidad de sus fincas, estuvieran donde estuvieran. La Fiscalía de Madrid ha pedido al juzgado instructor que investigue nueve puntos respecto a esta masiva recalificación de terrenos, que permitió levantar bloques de pisos sobre casi 700.000 metros cuadrados en los que hasta entonces sólo se podían construir chalés unifamiliares.El Gobierno municipal del PP modificó el Plan General de Ordenación Urbana, de 1985 para reconvertir el uso de esos terrenos.La Fiscalía ha pedido al juez que "oficie al Ministerio de Fomento" para que "certifique si rechazó en su momento un proyecto de cierre del trazado de la M-40 que discurría por la avenida de Valdemarín [un terreno de titularidad municipal]".El ministerio público quiere que Fomento explique "las razones técnicas" por las que rechazó ese proyecto y, en cambio, por qué luego autorizó el trazado definitivo por una zona privada adyacente a un espacio protegido como es el " monte de El Pardo". Las otras ocho cuestiones de investigación que plantea la Fiscalía han sido encomendadas ya por el juez a los arquitectos designados como peritos del caso, que deberán efectuar un informe y presentarlo en el juzgado. Una de esas cuestiones es la siguiente: para construir el cierre de la M-40, ¿era necesario recalificar 699.485 metros cuadrados?. O, por el contrario, ¿hubiese "bastado con una extensión inferior"?.Quiere saber también la Fiscalía si, en opinión de los peritos, "resulta justificable y responde a un criterio de igualdad" el hecho de que fueran recalificadas algunas parcelas de terreno privadas alejadas del trazado de la M-40 y, en cambio, no se hiciera lo mismo con otras fincas más cercanas a la ronda de circunvalación. Estaba al lado de la carretera de A Coruña. Otra de las cuestiones se refiere a "si el Ayuntamiento de Madrid rechazó incluir dentro de la modificación urbanística alguna finca de la zona y, en su caso, los motivos" que adujo el Consistorio para excluirla. Asimismo, quiere saber el fiscal "si en los convenios aprobados figuran concretados los terrenos cedidos al Ayuntamiento por los propietarios"; y, también, "si el valor de esos terrencis cedidos es equiparable al incremento del valor obtenido por los solares" que se beneficiaron de la recalificación.Los peritos designados por el juez deberán informar igualmente si el Ayuntamiento "contestó y tramitó correctamente" las alegaciones que presentaron los vecinos al enterarse del cambio urbanístico.

A la Fiscalía también le preocupa si esa recalificación "ha afectado a terrenos declarados de especial protección ecológica en virtud de las, directrices comunitarias"; en concreto se refiere a las parcelas "que delimitan con el monte de El Pardo".