Los abogados de Sogecable piden el archivo de las actuaciones judiciales contra la empresa

Los abogados de Sogecable defendieron ayer un recurso de queja en el que solicitan el archivo de las actuaciones contra Sogecable. La vista pudo iniciarse en la Audiencia Nacional después de que el tribunal rechazase cuatro recursos -dos de súplica, uno de queja y otro de aclaración- presentados por las acusaciones para tratar de impedir la sesión. En paralelo se conoció el relevo del fiscal del caso Sogecable, Ignacio Gordillo, por su jefe, Eduardo Fungairiño.

Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el abogado Horacio Oliva, uno de los defensores de Sogecable, explicó que la causa ya ha sido instruida en su totalidad y que los hechos que se mencionaban en la querella contra esa empresa no se niegan por los acusados. Tales hechos, precisó el letrado, son datos y cuentas depositados en registros públicos y lo único que cabe ahora es interpretar si el dinero entregado por los abonados de Canal + a cuenta de los descodificadores recibidos constituye un depósito o una fianza."El caso de Canal + es claramente una fianza", recalcó Oliva, "porque el dinero se exige contra la entrega del descodificador y se reembolsa cuando el aparato se devuelve en buenas condiciones. Por tanto tiene una función de garantía; en suma, una fianza, y siendo eso así, no puede existir delito de apropiación indebida".

Respecto al supuesto delito de falsedad, Oliva destacó que el informe elaborado en su día por dos peritos de Hacienda señala que las partidas de las fianzas de los descodificadores debían de haberse contabilizado en el pasivo de Canal + y no en el de Sogecable; pero añade de inmediato que "la existencia de un pasivo no recogido en el balance de Canal + no debe entenderse como un pasivo oculto, ya que el pasivo está recogido en Sogecable". El delito societario imputado en la querella, según el abogado, es absolutamente inexistente.

El letrado Antonio González Cuéllar expuso que las pruebas obtenidas a lo largo de la instrucción no sólo son suficientes sino excesivas, ya que durante la fase del secreto del sumario el juez aportó una grandísima cantidad de datos, ninguno de los cuales es incriminatorio. Por ello el letrado pidió a la sala que archive las actuaciones y argumentó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional, la sala puede decidir sobre el fondo del asunto.

El abogado Enrique Piñel, en representación de la banca March, planteó el archivo de las diligencias contra Sogecable como una cuestión de sentido común. Y Santiago Ilundain, en representación de Arthur Andersen, explicó que los activos y las fianzas están bien contabilizadas y que las anotaciones se realizaron en las memorias respectivas cuando había que hacerlo. La vista continuará hoy.

El proceso del Supremo

Por otra parte, los fiscales Ignacio Gordillo y María Dolores Márquez de Prado declararon como imputados en las diligencias que se siguen en el Tribunal Supremo para investigar la trama contra Sogecable destapada por el juez Baltasar Garzón.

Gordillo y Márquez de Prado admitieron haber participado en encuentros y comidas, pero rechazaron que en ellos se hubieran tratado cuestiones relacionadas con Sogecable. Concluidas las declaraciones de todos los imputados en el denominado caso Liaño, el juez instructor, Joaquín Delgado, acordó el levantamiento del secreto del sumario.

Precisamente ayer, Gordillo fue relevado como fiscal del caso Sogecable. Se ha hecho cargo del mismo el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. El escrito de este último, con fecha 30 de septiembre, destaca que se aparta a Gordillo porque aparece citado en el auto dictado por Baltasar Garzón el pasado 3 de septiembre. Fungairiño aparece citado en ese auto como asistente a alguna de las comidas que ahora se investigan.