El Tribunal Supremo deja visto para sentencia el juicio de Filesa tras un mes de sesiones

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, José Augusto de Vega, pronunció poco después de las seis de la tarde de ayer el ritual "visto para sentencia" en el juicio del caso Filesa, con lo que dio por finalizado el proceso por presunta financiación irregular del PSOE que ha permanecido abierto durante los últimos seis años, y cuya vista se ha prolongado un mes en sesiones de mañana y tarde. En la última jornada, los once acusados declinaron hacer uso de su último turno de palabra ante el tribunal. El juicio se ha cerrado con una petición del ministerio fiscal que totaliza 83 años de cárcel para los once acusados, petición que virtualmente, duplica las de las demás acusaciones.

En la sesión de ayer, Julián Pérez Templado, abogado defensor de la ex- secretaria de finanzas del PSOE Aída Álvarez y de su marido, Miguel Molledo, pidió la libre absolución de ambos al considerar que han prescrito los delitos de los que estaban acusados, y por los que el fiscal pide 4 años de cárcel, y 5 García Montes.Pérez Templado también alegó que las pruebas fueron obtenidas ilícitamente y los registros de los peritos de Hacienda deben considerarse nulos por haberse llevado a cabo irregularmente,

Según su abogado, Aída Álvarez y Miguel Molledo han sido objeto de un "trato persecutorio" por la relación que la primera tuvo con el PSOE antes de los hechos. Pérez Témplado insistió en la versión de que las tres facturas giradas a Filesa por Distribuidora Expréss 2020, empresa de Aída Alvarez, y que habrían tenido por objeto pagar el alquiler de dos meses de la sede del PSOE en la calle de Gobelas, fueron enviadas por error y, luego el administrador del PSOE reintegró la cantidad a Aída Álvarez.

El abogado de Alberto Flores, Jesús Silva, reiteró que su defendido era un delegado de Filesa en Madrid, que cobraba una nómina de 200.000 pesetas, y era ajeno a la presunta trama de la financiación.

Francesc Jufresa, defensor de Juan Molina Vivas, subrayó la ilicitud de las pruebas aportadas por el principal testigo de cargo, Carlos van Schowen, por haber sido "robadas" de la sede de Filesa. Jufresa destacó también "la insólita presencia de un partido político ejerciendo de acusación", en referencia al Partido Popular.

Iniciado bajo el marchamo de "juicio del siglo", en lo único en que han coincidido las defensas y acusaciones es en que al final ha resultado un juicio bastante normal, apenas seguido por una docena de personas de promedio, incluidos los redactores informativos. El salón de Plenos del Tribunal Supremo sólo se lleno la jornada en la que comparecieron el ex presidente del Gobierno Felipe González y el ex vicepresidente Alfonso Guerra. El testimonio de ambos no fue precisamente esclarecedor y resultó palmariamente contrario a los intereses de la acusación convocante, la del empresario Ruiz Mateos, y a la del Partido Popular, que tampoco supo sacar partido de dos testigos tan cualificados.

El fiscal, que en sus primeras conclusiones pedía 23 años para los principales encausados, pidió finalmente 19 para el ex diputado Carlos Navarro y los gestores de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, así como 6 para el ex senador Josep Maria Sala. Su petición final causó sorpresa en medios jurídicos por lo elevado de las mismas, que totalizan 83 años.

En cambio, la acusación popular, que tradicionalmente suele superar las peticiones del fiscal, presentó unas conclusiones mucho más ajustadas, en las que rebaja a 10 años las peticiones iniciales de 28. El abogado de la acusación, Marcos García Montes, apreció un único delito continuado de falsedad en documento mercantil donde el fiscal apreció hasta tres, además de otro delito autónomo de falsedad. Las peticiones de pena del acusador de Ruiz Mateos coincidieron en líneas generales con las del abogado del Estado. Casi al final de la vista, García Montes renunció a acusar al empresario Diego Ramos, para el que reclamaba cuatro meses después de estar sometido a un proceso de seis años.

Las defensas centraron sus alegaciones en la nulidad de las pruebas aportadas por el contable chileno que denunció el caso, al haber sido "robadas" de la empresay, en consecuencia, ser ilícita su procedencia. También adujeron la nulidad de los registros de los peritos ya que los testigos coincidieron en que fueron éstos, y no el juez, los que dirigieron los registros, excediéndose en sus funciones.