El fiscal concluye que Filesa financión de manera delictiva campañas electorales del PSOE

La creación del holding integrado por las sociedades Filesa, Malesa y Time Export tuvo por finalidad "conseguir financiación electoral delictiva para el PSOE". según aseguró ayer en su informe ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo el fiscal Antonio Salinas. El fiscal, que pide 83 años de cárcel para 10 de los acusados, dedicó la mayor parte de su intervención a hacer una lectura resumida de su escrito de conclusiones y aseguró que los pagos de presuntos informes abonados por grandes empresas a Filesa tuvieron su contraprestación en adjudicaciones de obras y servicios.

Durante más de dos horas y media, el fiscal Antonio Salinas leyó con voz entrecortada un informe extenso y monótono en el que describió la constitución del holding, y el sistema de "recaudación" de fondos para el PSOE entre las grandes empresas mediante la emisión de facturas por Filesa con cargo a informes inexistentes. El fiscal centró las principales responsabilidades en el entonces diputado del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC) Carlos Navarro y en el administrador de Filesa, Luis Oliveró, para cada uno de los cuales pide 19 años de cárcel: "Navarro es la persona que daba instrucciones en orden al giro de facturas; concretamente el que decía a Oliveró a qué empresa se había de girar, cuál era el concepto de la factura y cuál el importe".

A Oliveró le acusó de ser el que giraba las facturas por informes inexistentes de acuerdo con las empresas, y de pagar los servicios electorales del PSOE de acuerdo con los proveedores del partido. De Alberto Flores el fiscal Salinas trazó un perfil bastante confuso: primero dijo. que Flores aparece "más desdibujado" en la trama, y después que su intervención fue "de absoluta relevancia". Luego señaló que su grado de implicación "no es comparable con el de otros acusados" y, sin embargo, pide para él 19 años de cárcel, igual que para Navarro y Oliveró.

El fiscal Salinas relató asimismo que la recaudación de fondos procedentes de grandes empresas nacionales y extranjeras se produjo a cambio de "importantes beneficios", y se utilizaron posteriormente en relación a proveedores de campañas electorales del Partido Socialista.

Salinas dedicó buena parte de su informe a combatir las alegaciones de nulidad de pruebas que expondrán hoy los defensores. Así, dijo que la ,entrega de documentos sustraídos de Filesa por el contable chileno Carlos van Schowen al juez Marino Barbero sin que estuviesen presentes las demás partes no fue nula porque "no fue una declaración, sino una presentación de documentos".Contrario a la nulidad

Aseguró después que la sustracción de los documentos por Van Schowen no vulneró la legalidad ordinaria porque "existe un deber de denunciar los hechos presuntamente delictivos". La apropiación indebida de dichos documentos tampoco vulneró, según el fiscal Salinas, el derecho al secreto contable porque la normativa sobre dicho secreto "está pensada para proteger a una sociedad mercantil, no a una como Filesa, que sólo se constituyó para girar facturas".

El fiscal también rechazó la nulidad de actuaciones por la declaración judicial de los parlamentarios Josep María Sala y Carlos Navarro ante el juez Marino Barbero antes de que el Supremo cursase a las Cámaras un suplicatorio para poder proceder contra ambos.

Salinas calificó los registros en bancos y empresas como "proporcionados", ante "la imposibilidad de utilizar otros medios". En cambio, la entrada del juez Barbero acompañado de una escolta policial en el Banco de España no lo consideró "un verdadero registro" porque sólo fue a pedir "una documentación concreta". Pero por si acaso el tribunal lo considera un registro auténtico, Salinas dijo que la inobservancia por el juez Barbero del preceptivo aviso que establece la ley sólo habría supuesto la vulneración, a lo sumo, de "un requisito de cortesía".

El abogado del Estado hizo un informe más breve y preciso, en el que atribuyó a los responsables de Filesa dos delitos de defraudación en el Impuesto de Sociedades por 203 millones de pesetas en 1989 y por 24 millones en, 1990, e imputó otro delito fiscal por importe de 30 millones a la sociedad Time Export en su actividad correspondiente al año 1990.

Para el representante del Servicio jurídico del Estado, "cualquiera que sea la razón por la que se constituyó el holding, la realidad es que Filesa y Malesa, en 1989 y en 1990, se utilizaron como instrumentos para defraudar a la Hacienda pública". Añadió que Filesa y Time Export facturaron cantidades por estudios inexistentes y para cuadrar su contabilidad, pagaron por otro lado servicios electorales del partido a las empresas proveedoras del Partido Socialista.

El abogado del Estado insistió en que los estudios presuntamente realizados por Filesa no eran necesarios para la obtención de beneficios por parte de las empresas que pagaron por ellos, por lo que los gastos consignados no eran fiscalmente deducibles.