Los 49 acusados del 'caso Arny' se enfrentan a una petición de 629 años

Ya no existe la corrupción de menores y un procesado convive hoy con su denunciante

La historia de ese pub se remonta a diciembre de 1994, cuando Carlos Saldaña y su amigo Domingo Arnaldo decidieron abrir un local de prostitución masculina frente a la estación de Córdoba, aprovechando el rebufo de otro establecimiento muy próximo, El 27. El diminutivo de Arnaldo dio nombre al bar, que extendió su fama rápidamente. Su llamado bingo loco musical, una especie de sorteo de chicos para mantener relaciones sexuales, tuvo un gran éxito. "Los chicos hacían unos seis o siete servicios cada noche, por los que cobraban entre 5.000 y 8.000 pesetas. Allí había colas", declararía más tarde un camarero del local.El negocio siguió su curso hasta que a finales de febrero el testigo número 1 acudió a la policía para denunciar a Saldafia, su antiguo amante. Ambos se habían conocido en la Algaba (Sevilla) cuando el testigo tenía 13 años y desde entonces mantuvieron relaciones sexuales "a cambio de regalos y dínero", según la acusación de la fiscal Marta Valcárcel.

Pero una buena mañana, el chaval, de nombre José Antonio, se presentó en el grupo policial de menores (Grume) de Sevilla y con sus declaraciones puso en marcha el caso que más morbo ha levantado en España en los últimos años, junto al del duque de Feria, ocurrido también en Sevilla.

La policía se puso manos a la obra y el 28 de octubre de 1995 reventó el bar. Fue entonces cuando el caso se convirtió en una olla a presión: los menores comenzaron a testificar y lanzaron nombres que dejaron boquiabiertos a los agentes, la fiscal y la juez instructora, María Auxiliadora Echavarri.

Llegaba la Navidad y uno de los acusados por los meno-

res, Jorge Cadaval, el alto de Los Morancos de Triana, salía de rey mago en la cabalgata. El escándalo saltó a las páginas de los periódicos el 18 de enero del año pasado." Una juez investiga a famosos por corrupción de menores", titulaba ese día El PAÍS. La declaración -como secretas de las actuaciones 540/95A disparó en los corrillos de los bares de toda la ciudad las listas apócrifas de implicados, que luego purgó la realidad.

La primera sorpresa: el juez de menores de Sevilla Manuel Rico Lara estaba supuestamente implicado en el caso, precisamente acusado, aunque en solitario, por el testigo número 1. Luego surgieron otros nombres como el cantante y actor Javier Gurruchaga, el cantante y presentador Jesús Vázquez, el ya citado moranco Ramón de Carranza, marqués de Sotohermoso. Todos fueron acusados de corrupción de menores y puestos en libertad bajo fianza.

Los ecos del morbo de este caso se fueron apagando para resurgir con la acusación del fiscal: acusaba a todos, responsables del Arny y de otros dos pubs de similar tenor (El 27 y El Valentino), trabajadores de ambos y clientes. Así hasta 49 personas, 29 de ellas clientes.

Las peticiones de pena presentadas por la acusación van desde los 168 años de prisión para Carlos Saldaña a un año por cada una de las relaciones sexuales que se demuestre que los clientes mantuvieron con los menores: un año para Gurruchaga, el juez y Jesús Vázquez; tres para Jorge Cadaval ó 17 para el catedrático de Derecho Santiago Oliveros Lapuerta.

La cuestión que ahora tendrá que resolver la Sección Tercera de la Audiencia, presidida por Agustín del Río, es si la corrupción de menores existe o si, como sostiene una de las acusaciones de menores, los clientes no pueden ser acusados.

La duda surge por el artículo 187 del Código Penal que entró en vigor en mayo de 1996. Éste elimina la frase "corrupción demenores" y mantiene sólo "prostitución de menores". La sala tendrá que inclinarse por una de las dos interpretaciones radicalmente opuestas que sobre el asunto ha hecho el Tribunal Supremo: la de José Agusto de Vega, que la considera desaparecida del nuevo texto, o la de Carlos Granados, que sostiene que lo que antes era corrupción ahora se engloba en la prostitución de menores.

El miércoles comenzarán las respuestas o se abrirán más interrogantes, ya que se han presentado 60 cuestiones previas que incluso piden la anulación de las actuaciones porque creen que todo lo del Arny fue un delito provocado.

A 600.000 pesetas la entrevista

El macrojuicio del Arny ha roto tantos esquemas en Sevilla, que incluso ha habido que hacer obras en los juzgados para que quepan en una misma sala defensas, acusaciones, abogados y acusados. Pero es que, además del morbo del propio asunto, los días previos al caso se han visto salpicados por noticias sorprendentes: la decisión de celebrar la vista a puerta cerrada, la íntima amistad que de nuevo une al principal acusado y al principal testigo y, sobre todo, el abierto trapicheo detestimonios, que se venden al mejor postor.

La decisión del presidente de la Sección Tercera, Agustín del Río, de impedir la entrada de la prensa a la sala de vistas se ha sumado a otra anterior que limita severamente el acceso de los medíos de información a los edificios judiciales andaluces. Ambos vetos han sido duramente criticados por las asocíaciones de la prensa. Incluso el fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, irá a las primeras sesiones del juicio para reclamar que la vista sea pública.

La intención de prensa, fiscalía e incluso de la acusación ejercida por Prodeni es evitar que tras se produzcan las sesiones filtraciones interesadas, versiones de los hechos inexactas en juicios paralelos conducidos hacia una tesis única y, también, que el resultado final de la sentencia, pública por definición, no sea entendido por los ciudadanos como algo surgido del secreto, sino fruto del desarrollo de un juicio, con su propia coherencia. Alfredo Flores incluso baraja una fórmula mixta, ya ensayada: audien-

cia pública, pero sin público ni medios cuando los menores relaten sus experiencias.

El mercadeo de testimonios que se ha disparado antes de que comenzara el juicio parece avalar estas tesis. Alfredo Prats, un abogado con algo más de dos años de ejercicio en Sevilla, está en el punto de mira del Colegio de Abogados, que ha abierto una investigación para saber si es él quien actúa de representante de una lista de 34 personas, entre acusados y testigos; entre ellos, Saldaña y el número 1.

La venta de testimonios es un hecho: un comunicante telefónico que se identificó con el nombre de Eduardo Prats ofreció a este diario entrevistas con implicados en el caso por elevados precios, que oscilaban entre las 80.000 y las 600.000 pesetas. No se le hizo ni caso. Al menos otros cuatro medios consultados han recibido ofertas similares, e incluso el representante de un programa televisivo ha mostrado su malestar porque el producto le había sido arrebatado por la competencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 28 de septiembre de 1997.

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