Independencia judicial, abstención, cainismo

Mientras el Consejo General del Poder Judicial aprueba, después de un análisis objetivo y sereno, el Libro Blanco de la justicia y se interna en el desierto en busca de un juez tipo que sea independiente, incompatible, capaz y comprometido con la sociedad a la que sirve, un juez intenta su abstención en defensa de estos valores, que quedarían en entredicho si resuelve, y otro, a través de un medio de comunicación, califica la resolución, que quiere ser independiente, de cainita, mendaz, cínica y prevaricadora, obligando a los que aprueban el Libro Blanco a remitir el artículo de prensa al fiscal general del Estado, que no descansa en su trabajo aunque pase desapercibido, ya que cuando asoma se pone en duda la legalidad de su designación y nombramiento, con lo cual se pone en duda la corrección de sus decisiones.Creo que la opinión que se tiene de la justicia por parte del ciudadano es la consecuencia de esta situación. Es una opinión negativa de la justicia en general. Es una opinión negativa por la confusión que provoca en las personas el silencio, en muchos casos, del Poder Judicial, y la búsqueda ideal en otros, como también la actuación de algunos jueces, estrellas o satélites, mientras que la inmensa mayoría se dedica a trabajar en silencio, sirviendo a la sociedad y comprometidos con sus valores. Otros, en cambio, emplean su tiempo en protagonismos y en la consecución de unas retribuciones que llegan a ser, no complementarias de las que se tienen, como se pretende justificar, sino que superan en muchas ocasiones aquéllas e intentan aumentar su protagonismo, no con la crítica o juicio de valor sobre una decisión judicial, sino con el insulto, aumentando si cabe la confusión y el descrédito de la justicia.

Sinceramente, pienso que este Estado no necesita la búsqueda de ningún juez independiente, imparcial y comprometido con los valores de la sociedad a la que sirve, porque cuenta con ellos; es el Consejo General del Poder Judicial el que debe garantizar la independencia de cada juez a la hora de impartir justicia, limitando, desde la legalidad constitucional y ordinaria, actuaciones de unos pocos que, cubriendo su tiempo en cruzadas y trabajos que nada tienen que ver con su función, provocan y ponen en tela de juicio la actuación de todos y, lo que es mucho más grave, la justicia, que es uno de los valores fundamentales que definen nuestra sociedad.

No creo que se precise la búsqueda de ningún juez tipo, cualquier ciudadano técnicamente preparado puede ejercer la función y sería mejor que emplearan el tiempo en garantizar la independencia a la hora de administrar justicia con mayores dosis de eficacia y trabajo.

Independencia que, como regla general, está reñida con la compatibilidad de la potestad jurisdiccional con otras actividades, pues el tiempo libre que resta para poder hacerlo es escaso, ya que fuera del trabajo existe también el descanso y la familia, salvo que se quiera disfrazar la realidad de que algunos jueces dedican a la actividad extrajurisdiccional un tiempo muy superior, valiéndose de la inexistencia de horario, de la inexistencia de control de las resoluciones o utilizando esa falta de control en multiplicar hasta el infinito sus retribuciones o en agrandar su imagen y su propia satisfacción, cargando la responsabilidad en la lentitud tradicional en la Administración de justicia, cuando las consecuencias no derivan de los textos procedimentales, aunque puedan influir por el cambio de la sociedad, sino de que se trabaje o no, y parece ser que no por parte de algunos.

Mientras esta situación se quiera ignorar y se busquen fórmulas de compatibilidad en atención al número de ingresos o retribuciones que pueda obtener un juez en actividades extrajurisdiccionales; mientras se busque esa compatibilidad en trabajos en quien tiene que ser independiente de todo y de todos; mientras el Consejo General del Poder Judicial, órgano que garantiza la independencia de los jueces, se dedique a reclamar competencias ejecutivas y presupuestarias y a buscar jueces tipo, las faltas cometidas por jueces se limita a remitirlas al fiscal general del Estado y no abre unas diligencias tratando de fijar la responsabilidad. Cuando en tres años, de 1.500 denuncias y 900 expedientes abiertos, archiva de plano más del 50% y únicamente son 23 los jueces sancionados, sin que se conozca su identidad, aunque ninguno es de los que están permanentemente en los medios de comunicación, cuyos trabajos son conocidos y el tiempo que emplean en conferencias, cursos, intervenciones en programas... mejor sería que, en lugar de buscar un juez tipo, pues cuenta con ellos, busque un vocal tipo que garantice la independencia del juez a la hora de administrar justicia y que corrija los excesos verbales o no en el tratamiento de algunos jueces con los ciudadanos y su trabajo extra.

Puede que por este cauce, junto con otros, la credibilidad de la justicia sea la adecuada, pues el ciudadano conocería su auténtica realidad y sabría también que los jueces no constituyen ni un grupo ni una hermandad y que cualquiera de ellos puede, denunciar hechos de otro, sin que ello implique que los demás lo consideren cainita, más bien antes al contrario; de ser ciertos hechos contrarios a la ley, es lo que está obligado a hacer, única forma de ser independiente, tal y como exige la Constitución, y de contar con un órgano de gobierno y una justicia que esta sociedad quiere tener.

Eugenio Suárez Palomares es magistrado en excedencia y abogado.