Caprile cita a un muerto para justificar el pago de 700 millones al 'clan Roldán'

La constructora Huarte pagó más de 700 millones de pesetas en comisiones ilegales a los miembros del clan Roldán, pero su presidente, Mario Caprile, no se enteró de nada. El entonces propietario de esa compañía declaró ayer ante el tribunal que juzga el caso que "no le consta" el pago de ninguna mordida y mencionó a un antiguo empleado ya fallecido como la persona que trataba con las tres empresas fantasma que emitieron a Huarte facturas por informes inexistentes.La figura del muerto sobre el que descargar la responsabilidad de un asunto comprometido volvió a aparecer ayer durante la vista del caso. En esta ocasión, el fallecido es Alfonso Ochoa de Olza, un administrativo de Huarte, natural de Pamplona, que trabajó para la compañía durante 30 años y falleció a los 57 a causa de un aneurisma de aorta. Su familia ha negado a EL PAÍS cualquier relación con los hechos y asegura que está siendo utilizado.

Caprile, presidente y propietario durante casi 10 años de la citada constructora, aseguró al tribunal que Ochoa de Olza era la persona que mantenía relación en la empresa con las sociedades JM Estudios y Proyectos, Fox Estudios y Gextex Estudios, que a su vez emitieron para Huarte facturas falsas por unos supuestos servicios de búsqueda de obras que se han demostrado inexistentes. Los importes de esas facturas corresponden a porcentajes exactos de casas cuartel de la Guardia Civil construidas por Huarte. Durante la presidencia de Caprile, la compañía obtuvo 17.000 millones en obras adjudicadas a dedo por el instituto armado. Caprile fue procesado en esta causa por un delito de cohecho y la acusación se levantó al haber prescrito el mismo.

Caprile se desmarcó ayer de Jorge Esparza, su ex director comercial en Huarte, al reiterar que ese cargo no existía como tal en la compañía, aunque figurara en la tarjeta de presentación y en la nómina del procesado, para el que se pide una pena de 15 años de cárcel. Sus respuestas provocaron ostensibles movimientos de cabeza de Esparza, que se revolvía en el banquillo de los acusados. Especialmente cuando dijo que no tuvo relación con él hasta que surgió el conflicto de Hacienda con las tres empresas fantasma y se reunió con Esparza y otras dos personas para solucionarlo.

Pedro Galicia era el apoderado de las tres empresas utilizadas por Huarte para encubrir el pago de las comisiones ilegales. Galicia es socio de Jorge Prieto, el ex director del BBV procesado en cuya sucursal tenían sus cuentas los miembros del clan Roldán. Margarita Domingo, esposa de Prieto, no supo explicar ayer por qué tenía junto a su marido una cuenta en el mismo banco suizo que Roldán.