Ficheros especiales

LAS PERSONAS que hayan sido condenadas en el Reino Unido por delitos sexuales serán objeto de un control específico de las autoridades a partir de este mes. Los propios condenados, una vez cumplida su sentencia, estarán obligados a facilitar su vigilancia, notificando sus eventuales cambios de domicilio a los responsables de un registro especial en el que figurarán por un periodo de tiempo proporcional a la condena sufrida. En "situaciones excepcionales" y cuando haya "riesgo para menores", esos datos podrán ser transmitidos a centros escolares u otras entidades, siempre con garantías de reserva.La ley que establece esas medidas pretende responder a la conmoción suscitada por el aparente aumento de casos de abuso sexual de menores en el Reino Unido. Situaciones similares se han vivido en los últimos años en países como Bélgica, Estados Unidos, Alemania. También en España, con varios casos en los que el agresor era reincidente e incluso se encontraba en libertad condicional. Esa proclividad a la reincidencia es lo que ha hecho surgir el debate en todo el mundo sobre si había o no que aplicar un tratamiento especial a este tipo de delincuentes. Ciertamente, no es lo mismo la posibilidad de reincidir de un ladrón que la de un violador, y ello habrá de ser tenido en cuenta a la hora de conceder libertades condicionales a los convictos, pero quizá también de prever, mediante alguna forma, de control, su comportamiento futuro.

En varios Estados norteamericanos han sido aprobadas leyes que permiten la castración voluntaria, química o quirúrgica, de pederastas convictos. En España hay al menos un caso de una persona condenada por violación que solicitó ser indultada a cambio de aceptar su- castración. El mecanismo ahora puesto en práctica en el Reino Unido puede considerarse un ensayo de control preventivo que evite ese tipo de mutilaciones.Un ensayo que desde luego plantea muchas dudas en cuanto a su compatibilidad con los derechos individuales de los delincuentes, especialmente en relación a la reserva de un registro que se deja en las manos exclusivas de la policía. Pero parece haber también en la ley la voluntad de evitar formas de control social lindantes con el ostracismo -contrarias a toda posibilidad de reinsercion- o propensas al linchamiento. En cualquier caso, un asunto polémico y peliagudo. Muchos ciudadanos sienten que la prevención de delitos sexuales contra menores debe ser materia prioritaria en el ámbito de la seguridad, pero tampoco puede la sociedad privar de sus derechos civiles a los delincuentes que han cumplido las penas impuestas por la justicia.