Bruselas mantiene "serias dudas" sobre la legalidad de la nueva 'ley digital'

La Comisión Europea mantiene "serias dudas" sobre la legalidad comunitaria de la nueva ley digital, según afirmaron fuentes de la Comisión. Las dudas de Bruselas se centran en las amplísimas competencias que el decreto-ley promulgado otorga a la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones (CNMT). Bruselas se plantea archivar el proceso de denuncia contra la ley rectificada y estudia la posibilidad de reabrir todo el proceso desde el principio para garantizar el derecho a la defensa.

Después de las modificaciones aprobadas por el Gobierno el pasado viernes, la nueva ley no parece ofrecer problemas desde el punto de vista del Mercado Interior, del que es responsable el comisario Mario Monti. Así lo dio ayer a entender su portavoz al afirmar: "El comisario se felicita de que, gracias a la firme intervención de la Comisión Europea, el decreto, a primera vista, presenta cambios sustanciales en relación a la ley precedente en vigor que comportaba graves violaciones a las reglas del mercado interior"."Pero", matizó, "ésta no es una posición definitiva porque hay que estudiar en detalle la nueva ley". Otras tres fuentes de la Comisión Europea confirmaron que los servicios jurídicos mantienen profundas dudas sobre la legalidad de los amplios poderes otorgados a la CNMT. Especialmente su capacidad para "establecer, a instancias de cualquier operador, las condiciones jurídicas, técnicas y económicas equitativas razonables y no discriminatorias que garanticen el carácter inmediata y automáticamente abierto y compatible de los sistemas en servicio y de los descodificadores".

Objeciones

Según fuentes de la Comisión, son los servicios del comisario Martin Bangemann, responsable de Telecomunicaciones, los que plantean con mayor fuerza objeciones al nuevo texto. Según estas fuentes, el decreto podría recibir el visto bueno del comisario Monti porque ya no prohibe la libre circulación en España de un descodificador, el simulcrypt, que se utiliza sin problemas en otros países europeos.

Sin embargo, la ley facilita la posibilidad de exigir modificaciones técnicas a ese descodificador -o a otros-, lo que sería contrario a la directiva sobre Televisión Digital. También suscita dudas que el nuevo texto mantenga el registro obligatorio de los operadores. En cualquier caso, la modificación de la ley digital obligará a reabrir todo el proceso sancionador en el caso de que Bruselas no aceptase el redactado actual.

Al tratarse de un nuevo problema que no existía en la ley ahora reformada, la Comisión no puede seguir adelante con su denuncia porque eso menoscabaría el derecho a la defensa del Estado español. En consecuencia, la Comisión debería enviar una nueva carta de emplazamiento a España. Si el Gobierno no acatase las modificaciones que se le exigieran, Bruselas continuaría el proceso con el envío de un dictamen motivado.

Fuentes de la Comisión dan por seguro que en este caso ya no se actuaría por el procedimiento de urgencia ni se pediría al Tribunal de Luxemburgo la suspensión de la ley porque la infracción denunciada no tiene, hoy por hoy, consecuencias graves e irreparables para ninguna de las partes.