Las autoridades de China afrontan el riesgo de un estallido social a causa de las privatizaciones

ENVIADO ESPECIAL Dos destacados dirigentes chinos implicados en el proyecto de privatizaciones se han visto obligados a efectuar declaraciones tranquilizadoras sobre la futura venta de gran parte del sector público ante la inquietud que ha causado entre los trabajadores la reforma anunciada por el secretario general, Jiang Zemin, en la apertura del XV Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh). La reconversión se llevará adelante, pero de manera gradual, sin precipitaciones, ante el temor de que pueda originar un estallido social que tendría evidentes y graves consecuencias para la estabilidad del gigante asiático, advierten los representantes del Gobierno.

Los líderes chinos tienen muy bien aprendida la lección y no quieren cometer los mismos errores que Rusia. Zhu Rongji, el viceministro encargado de Finanzas y cerebro del plan de reestructuración, dijo en una reunión con delegados de Shanghai que la reforma no pondrá en peligro el control del Estado, sobre todo porque industrias de sectores estratégicos relacionados con defensa, comunicaciones o transporte, entre otros, no pasarán a otras manos. Se asegura que entre 1.000 y 3.000 empresas continuarán en propiedad del Estado. Irónicamente, este político -a quienes muchos apuntan como futuro sucesor del primer ministro, Li Peng- también tranquilizó a esos delegados al confesarles que, a su juicio, el sistema de sociedades por acciones no constituye la gran panacea para China, y que los trabajadores no serán obligados a comprar acciones de empresas ruinosas si no lo desean. Ha habido casos en este sentido desde que el Gobierno pusiera en marcha tímidamente un experimento piloto hace dos años con un millar de compañías, cuya reconversión puso en la calle, según datos no oficiales, a dos millones de personas.

Jiang Zemin anunció en su informe político la reestructuración del sector público mediante nuevas fórmulas de propiedad, que contemplan directamente la creación de sociedades por acciones cotizables en bolsa, las fusiones de pequeñas y medianas empresas y la desaparación de aquellas que se hallen en quiebra. El secretario general reconoció que sería una tarea ardua. En contra de los tres años que él sugirió, puede durar diez años o más, señalan ahora fuentes oficiales.

El secretario general del PCCh también admitió que el plan comportará despidos. En un régimen como el chino, donde en sus textos constitucionales todavía no se reniega del marxismo aun cuando se proclame la defensa de la "economía socialista de mercado", todo ello es un sacrilegio. En cuaquier caso, el pecado se viene cometiendo ya últimamente y las protestas laborales arrecian día tras día en el centro y el noroeste del país.

Otro miembro del Gobierno, Li Boyong, ministro de Trabajo, ha querido aplacar la inquietud al considerar exagerados los comentarios catastrofistas que para algunos observadores extranjeros ha merecido el plan. Li se muestra seguro de que no provocará desórdenes sociales, porque el nivel de despidos, ha dicho, entrará dentro de unos límites tolerables. Sin embargo, economistas independientes calculan que cerca del 30% de los 100 millones de empleados que trabajan en el sector estatal es población excedentaria. El Gobierno reconoce que al menos la mitad de las empresas públicas son deficitarias. Otras fuentes ponen esa proporción en un 70%, y sólo un 1% de ellas son rentables.