Efectos de julio

A DOS meses de la movilización que siguió al asesinato de Miguel Ángel Blanco, no parece que el mundo de ETA esté dispuesto a modificar su actual estrategia de terrorismo más intimidación fascista de la población. Para que pueda darse un cambio, son necesarias ciertas mediaciones: HB debería comprender que le conviene más instar a su brazo armado a abandonar la lucha armada, como lo ha hecho el Sinn Fein ante sus colegas del IRA; y para que HB llegue a esa conclusión, tiene que haber comprobado la firmeza de las fuerzas democráticas frente a sus intentos de imposición, así como el respaldo de esas fuerzas a la aplicación de la ley a quienes se consideran con derecho a vulnerarla por su proximidad a un grupo terrorista.ETA no ha pensado en renunciar. Antes del asesinato del policía Daniel Villar, ya había intentado matar en varios atentados fallidos. El propósito de asesinar a dos ediles de una localidad malagueña demuestra su voluntad de convertir en víctimas potenciales a los miles de concejales del PP en cualquier lugar de España. Junto a ello, las amenazas de muerte a concejales socialistas y de UPN en Navarra y los ataques a los alcaldes nacionalistas que se les han enfrentado tras sus desmanes definen un panorama caracterizado por el intento de amedrentamiento de las fuerzas democráticas por la base: extender la idea de que nadie está fuera de peligro con la idea de que sean los propios amenazados quienes pidan a sus dirigentes que cedan a las exigencias -presos a Euskadi, negociación política...- esgrimidas por ETA como pretexto para seguir matando.La eficacia de esa estrategia es proporcional a la incertidumbre creada. Generalizar la ansiedad -"tú puedes ser el próximo"- para que se extienda el derrotismo: "Que les den lo que pidan y nos dejen en paz". Frente a esa presión, el principal antídoto sigue siendo la firmeza de las fuerzas democráticas unidas por el compromiso de no ceder al chantaje, y la movilización social respaldando ese compromiso.

Durante estos meses ha habido algunos síntomas inquietantes respecto a esa firmeza, pero también indicios de que los efectos de la movilización de julio no serán pasajeros. Por una parte, la inercia propia de todo aparato ha hecho que algunos partidos olvidaran rápidamente los propósitos de enmienda deslizados al calor de la movilización de julio. Pero, por otra, la actitud de alcaldes como los de Ermua, Basauri, Ibarra, Azkoitia, Zizurkil o Hernani, entre otros, así como la de los concejales amenazados, han revelado que en ese ámbito, a pie de obra, existe una mayor sintonía de los políticos con la exigencia de unidad y firmeza expresada en las movilizaciones.

Por lo que han hecho y por lo que han dicho: la masiva manifestación de Basaun convocada por el Ayuntamiento tras el asesinato de un policía nacional hubiera sido impensable hace algunos meses, y más aún la presencia en ella de toda la dirección del PNV de Vizcaya. Esa movilización responde a una de las lecciones de julio: la de que no hay distinciones entre las víctimas. Sintonía también por lo que han dicho, llamando fascistas a los agresores. Responde a otro efecto de aquellas movilizaciones: acabar con la patraña del contencioso que todo lo explica.

Persisten inercias en otros niveles. Antes de que acábase julio, ya había dicho Arzalluz que la línea sobre pacificación aprobada por su partido en febrero "no era coyuntural", y que seguía siendo válida porque "esto no se termina por la vía policial". Sin embargo, es precisamente porque no basta con la eficacia policial por lo que se hace imprescindible una mayor firmeza política: si de lo que se trata es de conseguir que ETA desista, que se convenza de que seguir matando no le servirá para acercar sus objetivos, habrá que empezar por dejar claro que: 1) no habrá diálogo mientras no den garantías de que renuncian a la violencia; 2) las fuerzas democráticas no aceptarán ningún cambio institucional o de las reglas de juego como resultado de la imposición violenta. Es decir, los principios de Ajuria Enea que relativizaba el documento aprobado por el PNV en febrero.

En el origen se daba por supuesto que el acuerdo de Ajuria Enea implicaba respaldar las iniciativas de las autoridades legítimas en la lucha antiterrorista, en materias como, la política penitenciaria y otras. Esa confianza se quebró a raíz, sobre todo, de la resurrección del caso Gal, lo que favoreció el surgimiento de iniciativas y dinámicas partidistas -paz por autodeterminación, cumplimiento íntegro, acercamiento de presos-. Pareció que el impulso unitario de julio favorecería su recomposición, pero no ha sido así. Esta semana vuelve a reunirse la Mesa. ¿No sería el momento de reconocer que no hay rodeos en la lucha antiterrorista y que lo más sensato es volver a aquellos principios de 1988, tal como reclamaba el lehendakari a fines de agosto?